En el panorama actual de la tecnología y la política estadounidense, pocas historias han captado tanta atención como la batalla legal que enfrenta Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta Platforms, la gigante matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. Las acusaciones de violaciones antimonopolio por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC) representan un desafío crítico para Zuckerberg, cuya empresa, valorada en billones, podría verse fragmentada. Sin embargo, en un giro estratégico, el empresario ha recurrido a su relación con el expresidente Donald Trump como parte de un esfuerzo desesperado para evitar consecuencias catastróficas. La raíz del conflicto se basa en la acusación de que Meta ha abusado de su poder para eliminar competencia mediante la adquisición de empresas rivales, principalmente Instagram y WhatsApp. Para la FTC, estas acciones consolidaron un monopolio que amenaza la competencia y, por ende, el bienestar del consumidor y la integridad del mercado digital.
De manera histórica, la demanda busca que Meta desinvierta sus propiedades adquiridas, una medida que podría poner fin al dominio de la compañía en las redes sociales. Mark Zuckerberg está sosteniendo la batalla legal no solo en los tribunales, sino también en los pasillos del poder político. Según una investigación publicada por el Wall Street Journal, el CEO de Meta se ha reunido en múltiples ocasiones con Donald Trump y miembros de su círculo cercano, incluyendo a la jefa de gabinete Susie Wiles y otros funcionarios del gobierno, en un esfuerzo coordinado de lobby. Estas reuniones son parte integral de una campaña para influir en la opinión política y garantizar que la demanda en su contra pierda respaldo. En ese sentido, Zuckerberg ofreció a la FTC una oferta para resolver el conflicto pagando una multa de 450 millones de dólares, cifra muy inferior a los 30 mil millones solicitados por la agencia reguladora.
Durante las conversaciones, manifestó que contaba con el apoyo político de Trump para resistir las sanciones. Este respaldo no es fortuito. Meta hizo una donación de un millón de dólares para la inauguración presidencial de Trump y resolvió un litigio por 25 millones relacionado con la suspensión de la cuenta de Trump en Facebook. La ambición de Zuckerberg de estrechar vínculos con Trump va más allá de lo casual. Visitó Mar-a-Lago, la residencia privada del expresidente, en al menos dos ocasiones tras las elecciones presidenciales, y su empresa implementó cambios en las políticas de contenido para agraciar a los sectores conservadores, como la reducción del programa de verificación de hechos, una medida que provocó controversia entre defensores de la verdad y críticos de la desinformación.
Por otro lado, el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, también ha mantenido reuniones con Trump para defender el avance del caso. Ferguson ha resaltado el poder extraordinario que Meta ha adquirido a partir de sus fusiones y adquisiciones, especialmente evidenciado durante las elecciones de 2020, un periodo en que, según él, la influencia de estas plataformas tuvo un impacto significativo en los resultados electorales. Desde la administración Trump, la posición oficial ha sido ambivalente. Mientras Zuckerberg intenta recabar apoyo para evitar sanciones, Trump y algunos de sus aliados han expresado posiciones en contra de la compañía, acusándola de haber conspirado contra su candidatura y desempeño político. En este marco, figuras como Mike Davis, exasesor del Senado, han argumentado que Meta representa una amenaza política y han pedido incluso su desmantelamiento por supuestos actos contra el expresidente.
El caso se complica si se considera la controversia que rodea a las donaciones de Zuckerberg y su esposa a una fundación sin fines de lucro que apoyaba medidas para facilitar el voto durante la pandemia. Este aporte, que alcanzó los 400 millones de dólares, ha sido señalado por sectores conservadores como un incentivo para el voto demócrata, aunque Zuckerberg ha declarado públicamente que no fue su intención afectar el resultado electoral. El juicio que se desarrolla en Washington D.C. ha puesto bajo el escrutinio público las decisiones comerciales de Zuckerberg, quien fue interrogado sobre las adquisiciones de Instagram por 1,000 millones en 2012 y WhatsApp por 19,000 millones en 2014.
La duración prevista del juicio es de aproximadamente dos meses, en los cuales se decidirá si Meta deberá o no dividir su imperio tecnológico en aras de limitar su influencia. Desde la perspectiva de Meta, la demanda representa un castigo injustificado por el éxito y la expansión comercial en el competitivo sector tecnológico. La empresa argumenta que no constituye un monopolio y que las adquisiciones fueron inversiones legítimas dentro del derecho comercial vigente. Más allá de las implicaciones legales, la relación entre Zuckerberg y Trump pone en evidencia la combinación única de política y negocios que caracteriza a la industria tecnológica contemporánea. La búsqueda de apoyos políticos para evitar sanciones legales no es nueva, pero en este caso emblemático, la interacción entre un gigante tecnológico y un expresidente polarizante adquiere niveles de complejidad pocas veces vistos.
