En el marco del prolongado conflicto entre Israel y Palestina, la tecnología juega un papel cada vez más central en las tácticas y estrategias militares adoptadas por ambas partes. Un desarrollo reciente y preocupante que ha captado la atención internacional es el uso por parte del ejército israelí de drones comerciales producidos por la empresa china DJI, los cuales han sido adaptados para realizar bombardeos y operaciones de vigilancia en la Franja de Gaza. Esta práctica, revelada por una investigación del medio Al Jazeera a través de su agencia de verificación Sanad, pone en el foco numerosos debates sobre la militarización de tecnologías civiles, la ética en la guerra, y la responsabilidad de las empresas tecnológicas en conflictos armados. Los drones fabricados por DJI generalmente están diseñados para usos civiles y comerciales, abarcando desde la agricultura hasta la filmación recreativa. Sin embargo, la versatilidad y avanzadas capacidades técnicas de estos aparatos los han convertido en herramientas que pueden ser convertidas en armamento mortal con relativa facilidad.
Entre los modelos usados por Israel destacan el DJI Agras, originalmente pensado para tareas agrícolas pero capaz de transportar cargas sustanciales, y drones más pequeños como el DJI Mavic y DJI Avata, empleados para labores de reconocimiento y mapeo. La investigación de Al Jazeera documenta numerosos incidentes en los que estos drones modificados han sido usados para lanzar explosivos contra hospitales, refugios civiles y zonas urbanas densamente pobladas. Estas áreas incluyen barrios en localidades como Beit Hanoon y Jabalia, en el norte de Gaza, donde se han registrado ataques que han generado graves daños a la infraestructura civil y sufrimiento humano. Testimonios de desplazados y material audiovisual obtenido por Sanad evidencian la utilización de drones para bombardear puntos cercanos a escuelas y centros de ayuda humanitaria, levantando profundas preocupaciones sobre el impacto en la población civil y violaciones al derecho internacional humanitario. Además del uso ofensivo, los drones DJI han sido empleados para la vigilancia intensiva dentro de Gaza.
La pequeña envergadura y maniobrabilidad de modelos como el DJI Avata permiten al ejército israelí rastrear y documentar movimientos en zonas urbanas y subterráneas, incluyendo complejas redes de túneles que son estratégicas para los grupos palestinos. Más alarmante aún, se han registrado casos de uso de estas aeronaves para supervisar y controlar a prisioneros palestinos bajo condiciones extremadamente precarias, llegando incluso a forzarlos a servir como escudos humanos para soldados israelíes - una práctica que contraviene el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las Convenciones de Ginebra. Cabe señalar que esta no es la primera vez que drones comerciales DJI han sido utilizados en un conflicto armado. En la guerra entre Rusia y Ucrania, ambos bandos modificaron drones del fabricante chino para usos militares. En respuesta, DJI suspendió las ventas en ambos países y limitó con software las zonas y altitudes de vuelo, buscando evitar un uso indebido.
Sin embargo, a pesar de la evidencia difundida sobre la militarización de drones en Gaza, DJI no ha implementado medidas similares en Israel ni ha restringido las ventas o el uso de sus productos en la región, incluso tras consultas directas y cuestionamientos sobre su responsabilidad como empresa. La ausencia de respuesta o acción por parte de DJI ha generado críticas que apuntan a una doble moral en la gestión del impacto de sus tecnologías en conflictos armados. Por un lado, la empresa declara que sus drones deben usarse solo en actividades civiles y pacíficas y condena su empleo indebido. Por otro, el hecho de seguir suministrando dispositivos sin controles adecuados permite a las fuerzas militares israelíes adaptar estos aparatos para usos letales, en un entorno donde las consecuencias humanitarias son devastadoras. Desde una perspectiva estratégica, el uso de drones comerciales adaptados ofrece al ejército israelí una capacidad operativa flexible y menos costosa en comparación con plataformas militares tradicionales.
Los drones agrícolas Agras pueden cargar y soltar bombas de forma precisa, ampliando el arsenal disponible sin necesidad de adquirir nuevas armas específicas. A la vez, los drones pequeños operan en tácticas de inteligencia y vigilancia urbana y subterránea, proporcionando información táctica en tiempo real para misiones de reconocimiento o control territorial. El impacto en la población civil de Gaza es profundo. Los ataques con drones contra hospitales, refugios y zonas residenciales se suman a un contexto de bloqueo, escasez de alimentos, medicamentos y acceso restringido a servicios básicos. Las Naciones Unidas y diversas organizaciones humanitarias han descrito la situación en Gaza como catastrófica y han expresado su preocupación por el uso de armamento no convencional que pone en riesgo la vida de civiles, incluidos niños.
Al mismo tiempo, el uso documentado de prisioneros como escudos humanos y la vigilancia intrusiva exacerban el sufrimiento y violan normas fundamentales del derecho internacional. El gobierno israelí no ha ofrecido comentarios públicos en respuesta a la investigación de Al Jazeera, lo que contrasta con la dispersa pero activa política de comunicación en torno al conflicto. La falta de transparencia y rendición de cuentas en estos casos dificulta el proceso de supervisión internacional y de investigación independiente sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. En cuanto a la responsabilidad corporativa, el caso plantea preguntas importantes sobre el papel de las empresas tecnológicas en conflictos bélicos. ¿Debería DJI ser responsable por el uso militar y potencialmente ilegal de sus productos? ¿Qué mecanismos de control, limitación tecnológica o verificación podrían implementarse para evitar que aparatos civiles sean transformados en herramientas de guerra? Estas interrogantes forman parte de un debate más amplio sobre ética tecnológica y gobernanza global en la era digital.
Asimismo, analistas y expertos en seguridad advierten que la militarización de drones comerciales no es exclusiva de Israel. La democratización del acceso a tecnología avanzada facilita que numerosos Estados y actores no estatales incorporen estos sistemas en sus arsenales militares, con consecuencias que pueden escalar conflictos y dificultar la protección de civiles. Es imprescindible que la comunidad internacional refuerce los marcos jurídicos y las regulaciones sobre el uso de drones en conflictos armados, promoviendo transparencia y garantizando la protección de los derechos humanos. Mientras tanto, la denuncia periodística y la vigilancia independiente juegan un rol clave para sacar a la luz prácticas controvertidas y fomentar un debate público informado. En conclusión, la adaptación por parte de Israel de drones comerciales DJI para usos militares en Gaza representa un fenómeno complejo, con profundas implicaciones técnicas, éticas y humanitarias.
A medida que la guerra incorpora cada vez más tecnología civil descontextualizada, subraya la urgente necesidad de mecanismos de control y responsabilidad en la intersección entre la innovación tecnológica y el conflicto armado. La situación en Gaza continúa siendo fuente de tensión y sufrimiento, y el uso de drones como arma y herramienta de vigilancia añade un capítulo preocupante que requiere atención y acción global.
