El cambio climático se ha convertido en uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad. Aunque sus efectos son globales, la responsabilidad y la contribución a este fenómeno no se distribuyen de manera equitativa entre las diferentes capas socioeconómicas. Estudios recientes han demostrado que los grupos de altos ingresos no solo generan una proporción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también impulsan un aumento desproporcionado en la ocurrencia y severidad de eventos climáticos extremos. Esta desigualdad climática plantea interrogantes fundamentales sobre la justicia, la responsabilidad y las soluciones que deben implementarse para mitigar el impacto del cambio climático, especialmente en las poblaciones y regiones más vulnerables. Una investigación exhaustiva publicada en 2025 realizó un análisis innovador que combina las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) basadas en el consumo y las inversiones de diversos grupos de riqueza con modelos climáticos avanzados para atribuir cambios en calentamiento global medio y en eventos climáticos extremos.
Los resultados evidencian que el 10% más rico de la población mundial contribuye aproximadamente con dos tercios del aumento total de la temperatura global desde 1990, mientras que el 1% y el 0.1% superiores aportan aproximadamente una quinta y casi un décimo de este incremento respectivamente. Para ponerlo en contexto, estas contribuciones son entre 6.5 y 20 veces mayores que la contribución promedio per cápita mundial. Además del calentamiento general, los efectos en términos de eventos extremos son aún más desiguales.
Los hogares y actores económicos con mayores ingresos contribuyen de manera significativa a la frecuencia y la intensidad de olas de calor de magnitud 1 en 100 años, las cuales ahora ocurren con mayor regularidad. En términos concretos, el 10% más rico genera aproximadamente siete veces más eventos de calor extremo que el promedio global, mientras que el 1% superior multiplica su aporte por 26. Por regiones, la influencia de estos grupos ricos se vuelve aún más marcada en países como Estados Unidos y China, donde su participación en la intensificación de olas de calor en zonas vulnerables alcanza un incremento de dos a tres veces en comparación con otros sectores sociales. Los impactos derivados de estas aportaciones no se limitan a las fronteras nacionales. La investigación también destaca la naturaleza transfronteriza de la contaminación y el calentamiento, señalando cómo las emisiones de las élites de países con alta emisión afectan desfavorablemente regiones externas, muchas veces de ingresos bajos y con escasos recursos para adaptarse.
Por ejemplo, el aumento en las sequías extremas en el Amazonas, una zona esencial para la biodiversidad y el equilibrio del carbono global, está directamente relacionada con las emisiones del 10% más rico del planeta. En esta región, la frecuencia de estas sequías aumentó hasta tres veces desde 1990, en gran parte por las emisiones desproporcionadas generadas por los más adinerados. Uno de los aspectos clave del análisis es la consideración de distintos gases de efecto invernadero, incluyendo no solo dióxido de carbono (CO2), sino también metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). La presencia de estos gases no-CO2 es especialmente relevante para el calentamiento a corto y mediano plazo, y su relación con el consumo y las inversiones de los grupos de alta riqueza demuestra que las responsabilidades de estos actores sobre los fenómenos climáticos son aún mayores de lo que sugerirían solo las emisiones de dióxido de carbono. La metodología del estudio se basó en la creación de escenarios contrafactuales, es decir, modelos hipotéticos que proyectan cómo habría sido el clima actual si ciertas franjas socioeconómicas no hubieran emitido entre 1990 y 2019.
Mediante la simulación con modelos climáticos simplificados apoyados en emuladores que generan datos espaciales y temporales precisos, los autores lograron cuantificar tanto el aumento en la temperatura global como la incidencia de calentamientos y sequías extremas atribuidos a cada grupo analizado. Más allá de los datos y la ciencia climática, estas evidencias tienen profundas implicaciones éticas, políticas y sociales. La clara sobrerrepresentación de las élites económicas en la causa del calentamiento y los extremos climáticos plantea desafíos para el diseño de políticas que contemplen la justicia climática, especialmente dado que las consecuencias suelen recaer con mayor dureza sobre las comunidades menos responsables, que cuentan con menos capacidad para hacer frente a los impactos. Una posible vía de acción que cobra relevancia a partir de estas conclusiones es la implementación de impuestos y regulaciones que reflejen proporcionalmente la responsabilidad de los grupos más ricos en la generación de emisiones. La idea de un impuesto global al patrimonio o la riqueza, combinado con estrategias para desinvertir en sectores altamente contaminantes, emerge como una opción que no solo contribuiría a la reducción de emisiones en esas franjas de población, sino que también podría financiar medidas de adaptación y mitigación en regiones afectadas.
El estudio también subraya la importancia de abordar los flujos financieros vinculados a inversiones de capital, ya que gran parte de las emisiones atribuibles a los más ricos provienen de las inversiones en sectores productivos y no solo del consumo directo. Esto implica que la transición hacia sistemas financieros más sostenibles y responsables es crucial para enfrentar eficientemente la crisis climática desde la raíz del financiamiento y la producción. Si bien la investigación se concentra en los cambios en la ocurrencia y severidad de fenómenos climáticos extremos desde una perspectiva meteorológica, también aclara que la vulnerabilidad y la exposición socioeconómica de las poblaciones afectadas deben ser consideradas para entender plenamente los impactos reales. Generalmente, las comunidades más pobres no solo son menos responsables de las emisiones, sino que también son las más vulnerables a las consecuencias, debido a limitaciones materiales, falta de infraestructura y menor acceso a tecnologías y seguros. Es importante mencionar que las estimaciones y atribuciones realizadas dependen de múltiples supuestos metodológicos y valores conceptuales, como la forma de contabilizar las emisiones de consumo frente a producción, o la selección de gases estudiados.
Por lo tanto, aunque los resultados son robustos desde una perspectiva científica, su interpretación para propósitos legales y éticos requiere un análisis complementario que tome en cuenta justo reconocimiento, responsabilidades compartidas, y las posibilidades reales de mitigación y adaptación de distintos sectores. Por último, la generación de un conocimiento detallado y transparente sobre la conexión entre riqueza y calentamiento es vital para movilizar la acción política y social. Los datos cuantitativos proporcionan un apoyo fundamental para el debate global, respaldando argumentos para mecanismos de financiamiento climático más equitativos, medidas fiscales progresivas y políticas internacionales que reflejen las realidades socioeconómicas del impacto ambiental. Asimismo, refuerzan la necesidad de alianzas entre países y sectores para enfrentar conjuntamente los desafíos de un planeta en rápido cambio climático. En resumen, la contribución desproporcionada de los grupos de altos ingresos a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la intensificación de eventos climáticos extremos es un factor crucial que recalca los vínculos entre desigualdad social y crisis ambiental.
Reconocer y cuantificar esta realidad es indispensable para avanzar hacia soluciones que combinen justicia climática, equidad económica y protección ambiental, asegurando un futuro sostenible y más justo para todas las regiones y capas sociales del mundo.
