En las últimas décadas, la evidencia científica ha consolidado la comprensión del cambio climático como un fenómeno causado principalmente por las actividades humanas, especialmente la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, resultan especialmente reveladores los datos que muestran cómo no todos los grupos poblacionales contribuyen por igual a este problema global. En particular, los sectores de alto poder adquisitivo generan una proporción desproporcionada de las emisiones que intensifican los fenómenos climáticos extremos. Esta realidad desafía la idea generalizada de que el impacto climático es responsabilidad compartida de manera uniforme y plantea importantes cuestiones sobre equidad y justicia ambiental. La evidencia global indica que el 10% más rico de la población mundial es responsable de casi la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del consumo y la inversión privada.
En contraste, el 50% más pobre de la población solo genera alrededor del 10% de estas emisiones. Esta disparidad es aún más pronunciada cuando se analizan segmentos aún más reducidos, como el 1% o el 0.1% más adinerado, cuyos niveles de emisiones superan en varios factores la media global por persona. Este desequilibrio genera impactos climáticos muy marcados, particularmente en el aumento de fenómenos como olas de calor extremas, sequías severas y eventos meteorológicos críticos que se han intensificado en frecuencia y gravedad en las últimas décadas. Los modelos climáticos y estudios científicos apuntan que los grupos de alta renta contribuyen entre siete y veinticinco veces más que la media global al aumento en la frecuencia de olas de calor extremas consideradas 1 en 100 años en condiciones preindustriales.
Estas olas de calor no solo afectan la salud humana de manera directa, causando mortalidad y enfermedades térmicas, sino que afectan sectores económicos vitales como la agricultura y el suministro hídrico, exacerbando la inseguridad alimentaria y las crisis sociales. Además, el impacto de las emisiones de los más ricos tiene un carácter transfronterizo, lo que significa que la contaminación generada en países de altos ingresos puede exacerbar condiciones extremas en regiones del hemisferio sur y de ingresos bajos o medios. Por ejemplo, las emisiones atribuibles a la élite económica en países como Estados Unidos y China han contribuido en gran medida a la intensificación de sequías severas en la región amazónica y a olas de calor en partes de África y el sudeste asiático, zonas que además son social y económicamente vulnerables. Otra dimensión crítica de estas contribuciones desproporcionadas se relaciona con la composición de los gases emitidos. Mientras que el dióxido de carbono (CO2) es el gas de efecto invernadero más conocido, otros gases como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) también juegan un papel fundamental en el calentamiento global a corto plazo.
Los datos revelan que las emisiones de metano, que provienen en gran parte de la producción de alimentos, el manejo de residuos y la extracción de combustibles fósiles, son significativas y tienen un potencial de calentamiento mucho más alto por unidad que el CO2. Los grupos de altos ingresos, a través de sus patrones de consumo e inversión, son grandes emisores de estos gases no CO2, lo que amplifica su huella climática directa e indirecta. Desde el punto de vista de políticas públicas, estos hallazgos subrayan la importancia de implementar medidas específicas que aborden la desigualdad en las emisiones de GEI. Las estrategias tradicionales que centran la acción climática en reducciones generales o en compromisos nacionales no capturan las diferencias al interior de los países ni la responsabilidad desproporcionada de los sectores de mayores ingresos. En este sentido, la discusión alrededor de instrumentos fiscales como impuestos al patrimonio, gravámenes sobre actividades contaminantes de alto impacto o regulaciones enfocadas en inversiones financieras se presenta como una vía para corregir estas disparidades.
La idea de un impuesto global coordinado orientado a los individuos con mayor riqueza ha ganado tracción como una herramienta para no solo reducir emisiones sino también financiar la adaptación y compensación para las comunidades más afectadas por el cambio climático. La “justicia climática” se convierte aquí en un marco esencial, ya que no solo se trata de reducir emisiones, sino también de reconocer y reparar las desigualdades históricas y contemporáneas en responsabilidad y vulnerabilidad. La evidencia también muestra que los impactos de los fenómenos extremos se sienten con mayor intensidad en las regiones y entre las poblaciones que menos contribuyen al problema. Países con escasos recursos y con una baja huella de carbono, especialmente los países en desarrollo, enfrentan una mayor frecuencia e intensidad de eventos como sequías prolongadas y olas de calor, generando problemas críticos de seguridad alimentaria, salud pública y desplazamientos forzados. Estas regiones carecen además de los recursos y capacidades adecuadas para adaptarse eficazmente a estos riesgos o para recuperarse de sus impactos.
La desigualdad entre la generación de emisiones y el sufrir los impactos climáticos se convierte en un claro caso de injusticia ambiental que, si no se aborda adecuadamente, puede fortalecer tensiones sociales y políticas. Por ello, es fundamental que la comunidad internacional reconozca y priorice esta desigualdad en las negociaciones climáticas y en las estrategias de mitigación y adaptación. A nivel científico, el desarrollo de metodologías que permiten atribuir con mayor precisión las contribuciones individuales a los efectos climáticos es un avance significativo. Estas metodologías combinan contabilidad basada en consumo, modelos climáticos simples y emulación estadística para establecer escenarios contrafactuales que evalúan cómo sería el clima actual sin las emisiones procedentes de grupos específicos. Este enfoque aporta un grado mayor de granularidad y explicación causal a las responsabilidades frente al cambio climático, lo que puede facilitar el diseño de políticas más dirigidas y justas.
Es importante destacar que estas atribuciones se centran en la cuantificación de emisiones y sus efectos potenciales en aspectos climáticos, sin adjudicar responsabilidad legal o moral per se. Determinar qué constituye una contribución justa o equitativa requiere incorporar consideraciones éticas, socioeconómicas y culturales que no se resuelven únicamente con modelos y datos técnicos. Sin embargo, conocer con precisión quién contribuye más y cómo es una condición necesaria para fundamentar un diálogo informado y transparente. Por otro lado, existen retos y limitaciones en esta área de estudio. Por ejemplo, la falta de datos detallados sobre la composición exacta de las emisiones según nivel de ingreso o riqueza dificulta una precisión absoluta en las estimaciones, especialmente para gases diferentes al CO2.
Además, las proyecciones sobre eventos climáticos extremos como las sequías presentan incertidumbres debido a la variabilidad natural y la complejidad de los sistemas hidrológicos. También hay que considerar que los indicadores utilizados se centran en el peligro climático y no contemplan plenamente la vulnerabilidad o la exposición social y económica, elementos cruciales para entender el impacto global del cambio climático. Una faceta particularmente relevante es la capacidad adaptativa asociada al nivel de riqueza. Las poblaciones con mayores ingresos suelen contar con recursos para mitigar el impacto directo de los extremos climáticos —como viviendas mejor construidas, acceso a servicios médicos y sistemas de alerta— mientras que las comunidades pobres enfrentan mayores riesgos de desastre. Esto significa que la carga del cambio climático se agrava al conjugarse tanto la desigualdad en la emisión como la desigualdad en la vulnerabilidad.
De este modo, las políticas de mitigación deben ir acompañadas de estrategias de financiamiento para pérdidas y daños, que ayuden a las poblaciones más afectadas a adaptarse y recuperarse. La evidencia científica sobre las contribuciones desproporcionadas de los más ricos puede apoyar la legitimidad y urgencia de mecanismos como fondos internacionales de compensación vinculados directamente a quienes más han emitido históricamente. Finalmente, la concienciación pública sobre estas dinámicas también es clave para movilizar la voluntad política y social hacia una acción climática más efectiva y justa. Reconocer que el cambio climático es no solo un problema ambiental sino también un reflejo de profundas inequidades socioeconómicas puede fomentar una mayor demanda de transformaciones estructurales y promover un diálogo inclusivo sobre responsabilidad y solidaridad global. En resumen, los grupos de altos ingresos tienen una influencia desproporcionada en la generación de gases de efecto invernadero que alimentan los fenómenos extremos del clima.
Este patrón contribuye a acentuar la injusticia climática a nivel mundial, donde quienes menos han emitido enfrentan los mayores riesgos. Los avances en la atribución científica de emisiones y sus efectos abren nuevas puertas para políticas orientadas a corregir estas desigualdades, utilizando conceptos de justicia y equidad para construir un futuro más sostenible y solidario. La acción climática efectiva requerirá, por tanto, no solo reducir las emisiones globales, sino también implementar medidas específicas que atiendan las dimensiones sociales y económicas de la crisis ambiental.
