En las últimas décadas, la crisis climática ha dejado de ser únicamente un tema ambiental para convertirse en un asunto de justicia y responsabilidad legal. Estados Unidos se encuentra en el centro de un movimiento judicial que busca responsabilizar tanto a gobiernos como a corporaciones por los daños derivados del cambio climático. Sin embargo, este enfoque legal, aunque prometedor, enfrenta importantes desafíos y un futuro incierto. Los litigios climáticos han ganado notoriedad a partir de diferentes frentes. Por un lado, algunos grupos de ciudadanos, gobiernos locales y estatales se han presentado ante tribunales para exigir que ciertas industrias y entidades gubernamentales actúen en contra de sus contribuciones al calentamiento global.
Por otro, hay casos basados en presuntas prácticas engañosas de la industria petrolera, acusada de ocultar o minimizar el conocimiento científico sobre el impacto ambiental de sus actividades. En marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión trascendental que puso fin a una demanda presentada por un grupo de niños que buscaba que el gobierno federal respondiera por las consecuencias del cambio climático. Aunque dicha resolución representó un revés para ese segmento de la litigación climática, apenas dos meses antes, el tribunal permitió que un caso similar impulsado por la ciudad y el condado de Honolulu, Hawái, continuara contra grandes compañías de petróleo y gas. A lo largo de más de cincuenta años, evidencias han mostrado que las empresas de combustibles fósiles y los servicios públicos eléctricos, junto con agencias federales, tenían claro el vínculo entre sus actividades y el cambio climático, así como los peligros asociados. Sin embargo, las medidas implementadas han sido insuficientes para alcanzar los objetivos internacionales de reducción de emisiones, lo que ha motivado a múltiples actores a recurrir a los tribunales con la esperanza de generar un cambio sustancial.
En Estados Unidos, las bases legales para estas demandas son variadas e incluyen el uso de la constitución federal y estatal, leyes específicas y también principios de derecho común, que se han desarrollado a través de decisiones judiciales a lo largo del tiempo. En general, las reclamaciones intentan limitar las emisiones de gases de efecto invernadero o buscan reparaciones económicas por supuestos encubrimientos de la industria sobre los peligros asociados a los combustibles fósiles. Un caso emblemático ocurrió en 2007, cuando la Corte Suprema dictaminó que gases como el dióxido de carbono —emitidos por vehículos motorizados— son considerados contaminantes según la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act). Esto obligó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a evaluar si estas emisiones ponían en riesgo la salud humana. En 2009, la EPA concluyó que efectivamente representaban un peligro, marcando un hito conocido como la “declaración de peligro”.
Posteriormente, se implementaron límites para las emisiones de vehículos nuevos y plantas de energía recientemente construidas. No obstante, los intentos de regular las emisiones de las plantas de energía más antiguas, que son las que mayores cantidades de contaminantes despiden, han sido infructuosos debido a las demandas que argumentan que esas regulaciones exceden la autoridad de la agencia ambiental. Durante la administración Biden, se elaboraron nuevas normas para combatir esta situación, pero la administración Trump trató de retirarlas y revisó la declaración de peligro de 2009 con el fin de debilitar la base legal de las regulaciones sobre gases de efecto invernadero. Frente a la volatilidad del accionar del gobierno federal, algunos actores legales han optado por usar el sistema de derecho común para plantear demandas, intentando catalogar emisiones contaminantes como una “molestia pública” o utilizando la figura legal de la “intromisión” para exigir daños climáticos a grandes productores de energía. No obstante, la Corte Suprema ha limitado este tipo de reclamaciones al señalar que la existencia de leyes específicas, como la Ley de Aire Limpio, excluye la aplicación del derecho común en estos casos.
Esta situación ha obligado a que los demandantes dirijan sus esfuerzos hacia las cortes estatales y a enfocarse en las presuntas prácticas engañosas de empresas petroleras. Muchas demandas alegan que estas compañías tenían conocimiento pleno de los impactos nocivos del cambio climático, pero decidieron esconder esa información y sobredimensionar sus inversiones en energías limpias para mantener sus beneficios y la confianza pública. Por ejemplo, en demandas como la presentada por la ciudad de Chicago, se señala que grandes petroleras y la Asociación Americana de Petróleo entablaron campañas masivas de desinformación para confundir a la sociedad. En la demanda del estado de Maine, se han presentado documentos internos de Exxon, datados desde la década de 1970, que evidencian que la empresa sabía con certeza los riesgos que implicaban las emisiones de dióxido de carbono y no actuó en consecuencia, prefiriendo ocultar esta información al público. Algunas campañas publicitarias financiadas por la industria han insistido en desestimar el calentamiento global, con títulos como “Apocalipsis No” o cuestionamientos irónicos sobre la veracidad del cambio climático.
A pesar de que varios tribunales han desestimado reclamos por considerar que leyes federales priman sobre estos argumentos, varias causas legales siguen en proceso, creando precedentes judiciales importantes. En un fallo relevante, la Corte Suprema de Hawái determinó en 2023 que las leyes federales no impiden reclamos basados en el derecho común estatal, permitiendo que algunas demandas climáticas avancen. En enero de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la continuidad de estas causas, lo que abre una puerta para futuras acciones judiciales similares. Además, existen casos impulsados por jóvenes demandantes que argumentan que las acciones y omisiones del gobierno durante décadas han violado su derecho constitucional a un medio ambiente sano, indispensable para una vida digna. Entre estos destaca la causa Juliana v.
United States, iniciada en 2015, donde menores de edad alegan que las políticas gubernamentales han comprometido su derecho fundamental a un sistema climático estable. Aunque en 2025 la Corte Suprema descartó revisar una apelación de este caso, estos reclamos han obligado a visibilizar la dimensión intergeneracional del cambio climático. Por otra parte, ciertos Estados, como Montana, han avanzado en el reconocimiento judicial del derecho a un clima estable y saludable. En 2024, el Tribunal Supremo de Montana interpretó la Constitución estatal de manera que obliga a funcionarios y residentes a proteger el medio ambiente y el clima para las generaciones actuales y futuras, invalidando leyes estatales que limitaban la consideración de emisiones contaminantes en decisiones públicas. Estas iniciativas representan un cambio conceptual significativo, donde las demandas climáticas buscan no solo mitigación sino también protección efectiva y reconocimiento de derechos ambientales a través del ordenamiento jurídico estatal y federal.
Más allá de las fronteras estadounidenses, esta tendencia de enfrentar el cambio climático mediante litigios también se ha expandido a nivel global, evidenciando una nueva estrategia ciudadana y política para presionar a gobiernos y corporaciones en la adopción de medidas más ambiciosas y transparentes. Aunque los resultados legales han sido mixtos y la evolución legislativa presenta oscilaciones, estas demandas contribuyen de manera crucial a poner en el centro de la atención pública y judicial la responsabilidad climática. Asimismo, fomentan una mayor exigencia social hacia las empresas de combustibles fósiles y suministradores eléctricos para que brinden información veraz y adopten políticas sostenibles. El camino judicial para responder a la crisis climática seguirá enfrentando desafíos inherentes a la complejidad del marco normativo y al juego político que influye en la administración de justicia. No obstante, la persistencia de los demandantes y la conciencia creciente sobre la emergencia climática continúan impulsando un debate legal y social sin precedentes.
En definitiva, estos litigios representan un componente fundamental en la búsqueda de soluciones integrales que vinculen la justicia, los derechos humanos y la protección ambiental. Su desarrollo y resultados en los próximos años moldearán, sin duda, la manera en que las sociedades enfrenten una de las mayores amenazas de nuestra era.
