En los últimos años, ha surgido una preocupante modalidad en la venta de seguros de salud en Estados Unidos que ha comenzado a afectar a miles de personas en todo el país. Telemercaderes y agencias están ofreciendo planes de salud que podrían calificarse como ‘básicos hasta el extremo’, al punto que la mayoría serían ilegales si no fuera por un truco legal que consiste en enrolar a los clientes en empleos ficticios. Este fenómeno no solo expone a consumidores inocentes a productos deficientes que no cubren necesidades médicas esenciales, sino que también pone al descubierto un vacío regulatorio que deja sin protección a los afectados. En este contexto, entender cómo operan estas prácticas y qué implica para el sistema de salud es imprescindible. El caso de Joe y Sarah Strohmenger, una pareja del estado de Nueva York, es un ejemplo emblemático de este modus operandi.
Tras buscar opciones accesibles de cobertura médica para su familia, confiaron en un agente telefónico que les prometió un plan que cubriría desde emergencias hasta el tratamiento regular de una afección médica crónica en Joe. Sin embargo, al pagar una suma considerable que superó los 8,700 dólares anuales, pronto descubrieron que el plan apenas cubría aspectos mínimos y ni siquiera aceptaba pagos para medicamentos críticos o visitas médicas importantes. La sorpresa mayor fue descubrir que, al momento de ser inscritos, también se les había asignado un empleo falso en una empresa inexistente, sin que ellos hubiesen sido informados adecuadamente, lo cual les permitió a los vendedores esquivar regulaciones federales y estatales sobre seguros de salud. Esta práctica nace de una laguna en las leyes estadounidenses, específicamente en las regulaciones del Employee Retirement Income Security Act (ERISA), que rige planes grupales ofrecidos por empleadores y usualmente está fuera del alcance de la supervisión estatal. Al crear una relación laboral ficticia, estas empresas trasladan a los usuarios a un régimen regulatorio más flexible, donde las exigencias mínimas de cobertura de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) no aplican.
Esto facilita comercializar planes mucho más económicos, pero con prestaciones absolutamente insuficientes para garantizar un acceso real y eficaz a la atención médica. El fenómeno ha tenido un crecimiento notable en áreas como el sur de Florida, donde numerosos centros de llamadas, algunos con prácticas cuestionables, hacen campañas agresivas y persuasivas a través de teléfono para captar clientes en todo el país. Muchos vendedores usan argumentos engañosos, haciéndose pasar por representantes gubernamentales o simulando respaldo de aseguradoras reconocidas para ganar confianza. El producto que ofrecen aparenta ser un seguro convencional, pero la realidad es que estos llamados ‘seguros basura’ o ‘junk insurance’ lesionan la seguridad financiera y sanitaria de los consumidores. Las consecuencias de adquirir este tipo de plan son letales para la salud personal y familiar.
La falta de cobertura para hospitalizaciones, tratamientos especializados y medicamentos provoca que muchas personas eviten buscar atención médica, tal como ocurrió con la familia Strohmenger. Esta falta de acceso ocasiona un deterioro en la calidad de vida, genera una carga económica inesperada debido a gastos médicos no cubiertos y aumenta la ansiedad y el estrés en quienes esperan ser protegidos por su seguro. El desafío regulatorio que plantea este sistema es mayúsculo. Por un lado, los estados tratan de proteger a sus ciudadanos a través de sus departamentos de seguros, pero se encuentran con que estas entidades que venden los planes no se catalogan como aseguradoras tradicionales y suelen operar con nombres opacos, sin páginas web o estructuras oficiales claras. Muchas de estas compañías comparten domicilios ficticios, por ejemplo, en buzones de tiendas de paquetería en ciudades como Atlanta, lo que dificulta aún más su rastreo y regulación.
Por otro lado, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos es el encargado de supervisar beneficios proporcionados por empleadores bajo ERISA, pero en este caso el vínculo laboral es en gran parte ficticio o simbólico, apoyado en la descarga de aplicaciones móviles que recaban datos y supuestamente cumplen con el requisito de “trabajo”. Aun así, esta relación genera una ambigüedad jurídica, y el Departamento del Trabajo ha estado envuelto en disputas legales respecto a la validez y el alcance de estas prácticas, con sentencias contradictorias y recursos pendientes que mantienen la incertidumbre. Las autoridades federales iniciaron investigaciones y demandas contra algunas de las empresas y operadores involucrados, acusándolos de prácticas fraudulentas y enriquecimientos indebidos. A la vez, muchos consumidores han presentado quejas categóricas ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) y otros organismos, denunciando que fueron inducidos a error y víctimas de estafas. Sin embargo, la falta de un tribunal claro o autoridad única que pueda intervenir ha ocasionado que la resolución de esos reclamos sea lenta o inexistente.
El caso ha llamado la atención incluso de políticos y grupos de defensa de la salud pública, algunos de los cuales ven esta modalidad como un intento de desregularizar el sistema de seguros de salud sin necesidad de una reforma legislativa, favoreciendo intereses privados a costa de la vulneración de derechos básicos. En este sentido, ciertos sectores políticos respaldan la definición de estos consumidores como empleados temporales o asociados, lo que ampliaría el mercado de estos planes de cobertura reducida bajo la justificación de permitirse mayor flexibilidad y menores costos. La raíz del problema también se conecta con la insatisfacción y la falta de acceso real que existe en el sistema tradicional, donde miles de personas, especialmente trabajadores independientes o con empleos inestables, no encuentran planes que se ajusten a sus ingresos o que no les exijan deducibles astronómicos. Por ende, la promesa de una cobertura económica resulta tentadora, aunque el precio que se paga después es mucho más alto debido a las limitaciones y la falta de respaldo. Especialistas en políticas de salud advierten que si esta tendencia crece podría tener efectos devastadores para el sistema general de aseguramiento, ya que las personas más saludables podrían optar por estos planes baratos y restringidos, dejando a los seguros convencionales con una carga concentrada en pacientes más enfermos y costosos, lo que elevaría los precios y podría desencadenar un ‘espiral de muerte’ para el mercado.
Para los consumidores, la recomendación clave es informarse y verificar con detenimiento la naturaleza del plan que adquieren, pedir documentación clara, entender qué coberturas están incluidas y cuál es el respaldo legal del producto. Además, es vital desconfiar de ofertas que solo llegan a través de llamadas insistentes o vendedores que prometen soluciones milagrosas sin aclarar responsabilidades. La experiencia de los Strohmenger es un llamado urgente para que se impulse una regulación más sólida y coordinada entre estados y federación, que cierre las lagunas legales y que proteja a los usuarios de la salud. El derecho a la protección médica no debería verse comprometido por esquemas diseñados para el lucro rápido y exentos de responsabilidad. En resumen, la truculenta práctica de vender seguros de salud deficientes amparados en empleos ficticios representa un riesgo serio para la estabilidad del sistema sanitario y el bienestar de millones de estadounidenses.
Mientras las disputas legales y políticas continúan, las familias atrapadas en este escenario viven con la incertidumbre de no contar con la protección médica adecuada, evidenciando la necesidad urgente de soluciones que prioricen la transparencia, protección y accesibilidad real a servicios de salud de calidad.
