En los últimos años, la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos ha sido uno de los temas más controversiales y debatidos en el ámbito financiero y tecnológico. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha desempeñado un papel central en este proceso, particularmente en el debate sobre si ciertos activos digitales deben considerarse valores o commodities. Entre los casos más destacados están los de XRP, la criptomoneda de Ripple, y Ethereum (ETH), que han estado en el centro de una serie de investigaciones y litigios que podrían determinar el futuro regulatorio de la industria cripto en el país. Recientemente, una revelación significativa ha salido a la luz: Coinbase, una de las plataformas de intercambio de mayor peso en el mercado, hizo pública una gran cantidad de documentos internos obtenidos a través de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), que exponen discusiones internas de la SEC y presiones externas relacionadas con la clasificación de XRP y Ethereum como valores. Uno de los aspectos más llamativos de estas filtraciones es la sospecha de una influencia ilegal o poco ética en el proceso regulatorio.
En particular, el documento revela que el fiscal general de Nueva York, a través de su oficina, presionó para que Ethereum sea considerado un valor, pese a que la SEC no había definido de manera clara su posición oficial. Esto abre un debate sobre la independencia y transparencia de los procesos regulatorios, pues la clasificación de una criptomoneda como valor implica restricciones mucho más estrictas para su emisión, comercialización y custodia, afectando directamente a empresas y usuarios. La controversia sobre XRP comenzó en diciembre de 2020, cuando la SEC demandó a Ripple por ofrecer un valor no registrado, argumentando que XRP cumplía con los criterios para ser clasificado como un valor. Desde entonces, este caso ha sido un punto crítico para la industria cripto, pues podría abrir precedentes legales para otros activos digitales. En los documentos conocidos públicamente, se observa que la SEC ha debatido internamente durante años sobre el estatus legal de XRP, evaluando riesgos específicos como el impacto en la blockchain si Ripple, el emisor principal, desapareciera o dejara de tener influencia.
Esto refleja la complejidad de determinar qué activos en este nuevo ecosistema financiero deben considerarse valores bajo las leyes tradicionales. Sin embargo, la presión sobre Ethereum resulta aún más polémica. Ethereum, siendo la segunda criptomoneda más grande y utilizada del mundo, ha sido generalmente observada como un commodity, similar al bitcoin. La SEC había indicado inicialmente que probablemente ETH no calificaría como un valor, pero la solicitud de un funcionario de Nueva York para que la SEC presentara un amicus brief en un caso judicial para argumentar lo contrario sorprendió al sector. Esta maniobra legal formó parte de un procedimiento contra la plataforma KuCoin, que fue acusada de infracciones estatales en materia de valores y commodities.
El argumento de que ETH es un valor conlleva consecuencias significativas para todo el ecosistema DeFi y para miles de proyectos desarrollados sobre la red Ethereum. Estas revelaciones no solo aceleran la carrera por la claridad regulatoria, sino que reflejan también las tensiones entre actores federales y estatales en Estados Unidos, que a menudo pueden tener agendas distintas o encontrarse en competencia. La falta de una definición clara y uniforme genera incertidumbre para inversores, empresas tecnológicas y desarrolladores, que ven cómo la ausencia de reglas concretas afecta sus planes de negocio, inversiones y expansión. En respuesta a esta incertidumbre, la SEC bajo la dirección de Gary Gensler ha variado su enfoque: en un principio, se mostró agresiva intentando aplicar regulaciones estrictas a un amplio espectro de activos digitales, pero después de ciertos revés legales como la derrota parcial en el caso Ripple y la retirada de cargos contra compañías importantes, parece adoptar una postura más meditada y flexible. En abril de 2025, la SEC celebró una mesa redonda bajo el título "Between a Block and a Hard Place: Tailoring Regulation for Crypto Trading", donde se discutieron criterios adaptados para la regulación del comercio de criptomonedas, evidenciando un cambio hacia un diálogo más abierto con el sector.
Por otro lado, Ripple ha utilizado esta oportunidad para avanzar y reforzar su posición en el mercado. Tras superar un proceso judicial prolongado que ha puesto en evidencia las debilidades y contradicciones de la SEC, la empresa ha concretado adquisiciones millonarias y continúa procurando alianzas estratégicas en aras de consolidar un marco regulatorio claro y efectivo conjuntamente con los reguladores. El abogado principal de Ripple, Stuart Alderoty, ha declarado que la decisión de la SEC de abandonar el caso XRP representa un reconocimiento tácito de sus errores y la necesidad de colaborar con el Congreso para establecer normativas definitivas que aseguren protección a los inversores y estabilidad al mercado. La situación pone en primer plano el desafío que enfrentan los reguladores: cómo adaptar leyes y controles previstos para mercados tradicionales a la innovación disruptiva de la tecnología blockchain y las finanzas descentralizadas. Mientras la industria avanza y crece, las autoridades intentan equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los usuarios y la prevención de fraudes.
La comunidad global observa con atención lo que ocurre en Estados Unidos, pues sus decisiones tienen repercusiones económicas y legales en otras jurisdicciones. Países en Europa y Asia están desarrollando marcos normativos propios y observan las lecciones del caso SEC para formular políticas que impulsen el desarrollo tecnológico sin desproteger a los participantes del mercado. En conclusión, las discusiones y documentos recientemente divulgados evidencian que la clasificación de XRP y Ethereum como valores es un tema no resuelto que sigue generando debates intensos y presiones políticas en Estados Unidos. La posible influencia indebida en el proceso reafirma la necesidad de transparencia, imparcialidad y cooperación entre todas las partes involucradas. El futuro de la regulación cripto dependerá de la capacidad de los legisladores y reguladores para generar reglas claras, coherentes y que favorezcan tanto la innovación como la protección del consumidor.
Hasta entonces, inversores, desarrolladores y usuarios deberán navegar un panorama normativo en constante evolución y buscar asesoramiento profesional para tomar decisiones informadas en el dinámico mundo de las criptomonedas.
