En los últimos años, uno de los problemas más persistentes y molestos para los usuarios de telefonía en Estados Unidos ha sido el crecimiento exponencial de los robollamados o llamadas automáticas no solicitadas. Estos procedimientos automáticos, frecuentemente utilizados con fines fraudulentos o simplemente para vender productos y servicios no deseados, no solo generan molestias constantes, sino que también representan un serio riesgo de seguridad para los consumidores. Ante esta problemática, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha adoptado una postura firme, intensificando la lucha contra los robollamadores mediante la implementación de reglamentos técnicos y legales más estrictos. Recientemente, la FCC ha anunciado un nuevo paquete de medidas que apunta a cerrar un vacío legal crucial en la autenticación del identificador de llamadas (caller ID) utilizado por estos delincuentes. La gran mayoría del tráfico telefónico moderno en Estados Unidos se procesa por medio de redes IP, las cuales permiten un control y monitoreo relativamente eficiente de la identidad de las llamadas gracias a un protocolo llamado STIR/SHAKEN.
Este protocolo, desarrollado e implementado para autenticar la identidad de la llamada, ayuda a verificar que el número de teléfono mostrado en la pantalla realmente se corresponde con el origen de la llamada, reduciendo considerablemente la posibilidad de suplantación de identidad. Sin embargo, existe todavía un problema importante: muchas llamadas, sobre todo aquellas que pasan por redes no IP - es decir, redes tradicionales o heredadas - no están obligadas a mantener esta autenticación, lo que deja abierta una vía para que los robollamadores escondan su verdadera identidad fácilmente. Consciente de esta situación, la FCC ha propuesto que todas las llamadas telefónicas que se realicen dentro del territorio estadounidense, sin importar si transitan por redes IP o no IP, deban mantener información de autenticación del caller ID. Esta medida no solo busca uniformizar la seguridad en la red telefónica completa, sino que representa un intento directo de cerrar el llamado «vacío legal» que los delincuentes han explotado sin consecuencias hasta ahora. La propuesta incluye tres opciones técnicas distintas para cumplir con este requisito, de las cuales dos ya cuentan con la aprobación de la FCC, mientras que la tercera sigue en proceso de consulta pública para recibir comentarios de expertos, operadores y usuarios.
La importancia de esta medida radica en que el sistema actual presenta una vulnerabilidad donde las llamadas que pasan por redes no IP no están sujetas a las reglas STIR/SHAKEN y pueden por ello falsear su número de origen. Al imponer que estas llamadas también porten la información de autenticación, la FCC apunta a que todas las llamadas telefónicas sean verificables y rastreables, lo que dificultará en gran medida que robollamadores puedan disfrazar sus números o realizar actividades fraudulentas bajo el amparo del anonimato. Esta estrategia, ya utilizada con relativo éxito en el tráfico vía IP, ahora se extenderá para abarcar la totalidad de las llamadas. Los robollamadores se benefician de esta laguna porque pueden acceder a redes no IP o usar rutas alternativas para sus llamadas, evadiendo así los filtros y controles implementados por los proveedores de telefonía que sí cumplen con los estándares de autenticación. Con el fortalecimiento regulatorio propuesto por la FCC, se espera que el volumen de llamadas fraudulentas y molestas disminuya significativamente, mejorando la experiencia del usuario y contribuyendo a la seguridad telefónica nacional.
Además, desde un punto de vista técnico, la extensión del mandato de autenticación implica desafíos importantes para los operadores de red, especialmente aquellas empresas que aún dependen de infraestructuras legadas. Será necesario actualizar tecnología y procesos para implementar las nuevas medidas sin que esto impacte la calidad del servicio. Sin embargo, la FCC considera que estos esfuerzos son imprescindibles para combatir un problema que no solo afecta a los usuarios, sino que también genera pérdidas económicas millonarias por fraudes telefónicos cada año. Este esfuerzo forma parte de una serie de acciones coordinadas que la FCC ha llevado a cabo en la última década para luchar contra la epidemia de robollamados. Entre ellas destacan la implementación inicial de STIR/SHAKEN para tráfico IP, multas contundentes en contra de empresas que facilitan o realizan robollamados, alianzas con grandes operadores y plataformas digitales, y campañas de sensibilización para educar a los usuarios sobre cómo identificar y reportar llamadas sospechosas.
La nueva propuesta representa la siguiente etapa lógica en esta batalla tecnológica y regulatoria, modernizando el marco jurídico para asegurar que todos los canales de comunicación cumplan con los mismos estándares de verificación. Para los usuarios finales, estas medidas trimesalmente se traducirán en menos llamadas no deseadas, mayor confianza en la autenticidad de quienes llaman y una reducción de riesgos relacionados con estafas y suplantaciones. En un entorno donde la comunicación telefónica sigue siendo vital, principalmente para grupos vulnerables como adultos mayores, proteger la integridad y seguridad de las llamadas es una prioridad. Sin embargo, es importante notar que la implementación y adopción de estas reglas no será inmediata. La FCC está actualmente en fase de consulta abierta, recibiendo comentarios y sugerencias tanto de la industria como del público en general.
