La reciente demanda presentada por FTX contra NFT Stars y Kurosemi ha reavivado el debate sobre la seguridad y responsabilidad dentro del ecosistema criptográfico. Esta acción legal surge debido a un incumplimiento conjunto relacionado con la entrega de tokens digitales por un valor aproximado de 1.3 millones de dólares, involucrando directamente a dos empresas que forman parte del mundo de los activos digitales y blockchains: NFT Stars, un mercado de coleccionables digitales, y Kurosemi, desarrolladora del proyecto de juego Delysium. La causa principal que ha motivado dicha demanda es la falta de entrega de tokens prometidos en acuerdos previos de inversión, lo que ha llevado a FTX a tomar medidas legales para recuperar los activos y proteger los intereses de sus acreedores después de su colapso en noviembre de 2022. Para comprender la magnitud de este conflicto, es importante contextualizar la situación de FTX.
Tras su colapso, provocado por un desvío de aproximadamente 8 mil millones de dólares en fondos de clientes por parte de su fundador, Sam Bankman-Fried, la plataforma entró en un proceso de bancarrota que ha implicado la recuperación y redistribución de activos por parte de su nuevo liderazgo. Bajo la dirección del CEO John Ray III, la compañía ha logrado recuperar entre 14.5 y 16.3 mil millones de dólares, iniciando fases de pagos tanto a pequeños como grandes acreedores. En medio de este proceso de recuperación, aparecen las demandas contra entidades que, según FTX, han incumplido sus obligaciones contractuales.
NFT Stars y Kurosemi figuran en esta lista por no entregar los tokens acordados. NFT Stars recibió en noviembre de 2021 un pago de 325,000 dólares para la adquisición de los derechos sobre 1.35 millones de tokens SENATE y 135 millones de tokens SIDUS. Sin embargo, tras la declaración de bancarrota de FTX, las transferencias se detuvieron, y la empresa dejó de responder a los múltiples intentos de negociación de FTX. Por su parte, Kurosemi –la firma detrás del título de juego Delysium– acordó en enero de 2022 la entrega de 75 millones de tokens AGI, por los que Alameda Ventures, ahora renombrada como Maclaurin Investments, pagó un millón de dólares.
Estos tokens se lanzaron oficialmente en abril de 2023 con un cronograma de bloqueo o “vesting” que debería haber asegurado la liberación progresiva y programada de tokens a los inversores. No obstante, Kurosemi modificó unilateralmente este calendario de liberación, negándose a transferir los tokens en los plazos acordados, lo que configuró la base para la demanda. El valor de estos tokens ha sido incierto y está sujeto a volatilidades. Al carecer actualmente de listados sólidos en intercambios importantes, como en el caso de SENATE, SIDUS y AGI, la liquidez y cotización permanecen limitadas, lo que afecta negativamente el valor real que los acreedores de FTX podrían obtener en su recuperación. Además, la situación se complica por la solvencia de las empresas emisoras y la adopción en el mercado, que varía constantemente.
Esta controversia demuestra un aspecto crucial en el mercado de criptoactivos: la fragilidad y riesgo asociados a acuerdos basados en promesas digitales y contratos que, a menudo, carecen de mecanismos efectivos de cumplimiento o garantías sólidas. La imposición de procesos judiciales es una herramienta necesaria cuando las negociaciones directas fracasan, pero también genera retrasos y costos adicionales que afectan a todas las partes involucradas. Las acciones legales, en este caso, se presentan después de extensos intentos de resolución amistosa. FTX reportó que contactó a NFT Stars 15 veces y a Kurosemi 13 veces entre junio de 2023 y septiembre de 2024, sin obtener respuestas sustanciales ni compromisos claros. Por ello, el paso a la vía judicial ha sido inevitable para proteger los fondos recuperados y evitar que activos sigan estancados indefinidamente.
Esta situación no solo refleja los problemas puntuales entre estas empresas, sino que también se enmarca en un contexto más amplio de recuperación financiera tras la debacle de FTX. La compañía ha iniciado ya las primeras fases del plan de pagos a acreedores, comenzando con aquellos con reclamaciones inferiores a 50,000 dólares y preparando una segunda fase, a partir del 30 de mayo de 2025, para pagos de mayor cuantía. Las sumas reservadas para estos pagos alcanzan los 11.4 mil millones de dólares, con la intención de cubrir aproximadamente el 98% de los reclamos, incluso hasta un 119% del valor original. No obstante, esta propuesta de reembolso genera debate entre los inversores y acreedores, que argumentan que la recuperación calculada no refleja el aumento exponencial que han tenido las criptomonedas desde el colapso de FTX.
Por ejemplo, mientras Bitcoin cotizaba alrededor de 17,000 dólares en noviembre de 2022, alcanzó picos históricos de más de 109,000 dólares a inicios de 2025. Muchos creen que las compensaciones deben ajustarse para reflejar este aumento en los precios, algo que todavía no ha quedado resuelto. Además de la demanda contra NFT Stars y Kurosemi, el proceso de recuperación de FTX involucra otros casos y acuerdos significativos. Por ejemplo, figuran las demandas contra actores famosos como Shaquille O'Neal, que promovió FTX sin revelar riesgos asociados, resolviendo en un acuerdo de clase cuyo monto no se ha hecho público. También destacan acuerdos por cientos de millones con otras entidades del ecosistema cripto, como la negociación de 228 millones de dólares con el exchange Bybit o la resolución de un pleito de 700 millones con K5 Global.
Todo esto marca una estrategia agresiva para maximizar la recuperación efectiva para los acreedores. Entre las consecuencias más relevantes del colapso de FTX y sus disputas legales internas está el impulso a la regulación y supervisión del sector cripto. En Estados Unidos, legisladores promueven la aprobación de la Ley PROOF (Protección a Inversores con Supervisión de Fondos), destinada a evitar malas prácticas similares. Esta norma obligaría a las plataformas cripto a realizar auditorías mensuales y transparentar la existencia real de sus reservas económicas bajo el esquema conocido como “Proof of Reserves”. La obligación de separar los fondos de los clientes de los propios negocios o inversiones externas serían requisitos fundamentales para evitar futuros descalabros.
Desde el punto de vista de los inversores y usuarios, este caso subraya la necesidad de cautela al negociar o invertir en activos digitales, especialmente proyectos con tokens sujetos a largos períodos de bloqueo o vesting. Estos esquemas, aunque diseñados para fomentar la estabilidad, pueden restringir la liquidez y aumentar la exposición al riesgo si la empresa emisora modifica unilateralmente los términos o desaparece del mercado. Tecnologías emergentes como los contratos inteligentes inteligentes impulsados por inteligencia artificial podrían ofrecer soluciones al automatizar la liberación y distribución de tokens en función de condiciones preestablecidas y verificables. De ese modo, se reducirían las controversias y litigios relacionados con incumplimientos, aportando mayor confianza y seguridad a los participantes del ecosistema. En paralelo, plataformas de intercambio descentralizadas (DEX) ofrecen alternativas para la comercialización de tokens que no cotizan en grandes mercados centralizados, como SENATE y AGI.
Sin embargo, la falta de liquidez y la alta volatilidad siguen siendo desafíos para lograr precios justos y estabilidad en estos activos. También, la regulación sobre la naturaleza de ciertos tokens como posibles valores no registrados añade un factor de incertidumbre a largo plazo. La demanda que FTX ha interpuesto contra NFT Stars y Kurosemi evidencia un panorama complejo y en evolución para el mercado cripto, en el que las lecciones aprendidas tras grandes colapsos promueven mayor prudencia, regulación y profesionalismo. Los acuerdos contractuales y las inversiones deben estructurarse con claros mecanismos de cumplimiento y protección, para evitar pérdidas sustanciales y conflictos prolongados. El futuro de la industria blockchain y de las criptomonedas pasa por un fortalecimiento legal y tecnológico que garantice la transparencia, la seguridad de los activos y un mayor respeto a los derechos de los inversores.
Solo con estos avances se podrá consolidar un mercado confiable que favorezca un crecimiento sostenido y evite la repetición de crisis similares a la de FTX.
