La escasez de agua en Texas, especialmente en el sur del estado, ha generado una crisis prolongada que afecta a agricultores, comunidades y ecosistemas. En un esfuerzo conjunto para atender esta urgente problemática, los gobiernos de Estados Unidos y México han acordado un nuevo convenio que amplía la entrega de agua a la región, marcando un hito en la implementación del tratado de agua de 1944. Esta alianza representa un paso significativo para asegurar recursos hídricos en una de las áreas más vulnerables frente a sequías y cambios climáticos. La base de esta colaboración se encuentra en el Tratado Internacional de Aguas de 1944, un acuerdo que regula la distribución de aguas del Río Bravo o Río Grande y otros afluentes entre ambos países. Según este tratado, México está obligado a entregar 1,750,000 acres-pie de agua cada ciclo de cinco años al suroeste de Texas, lo que se traduce en un promedio aproximado de 350,000 acres-pie por año.
Sin embargo, la realidad ha evidenciado que estas entregas no se han cumplido plenamente en los últimos años, creando un déficit que perjudica gravemente a los agricultores y las comunidades que dependen del agua para su sustento. El nuevo convenio establece que México enviará hasta 420,000 acres-pie de agua al Valle del Río Grande antes de que finalice el ciclo actual en octubre. A pesar de que esta cifra representa un avance frente a entregas anteriores, sigue siendo insuficiente para cubrir el total de agua adeudada en el marco del tratado. México se ha comprometido, además, a realizar transferencias inmediatas de 56,750 acres-pie desde el embalse Amistad, que es gestionado de manera conjunta por ambos países. Esta medida busca aliviar la presión a corto plazo en el sector agrícola y los ecosistemas afectados.
Este acuerdo también introduce nuevas modalidades para aumentar el volumen de agua entregado. México permitirá que Estados Unidos reciba hasta la mitad del agua proveniente de seis afluentes específicos, incrementando así la cuota del 33% establecida en el tratado original. De manera adicional, se autoriza la transferencia de agua del río San Juan, una fuente no contemplada inicialmente en el tratado, cuando sus condiciones hidrológicas sean favorables para el suministro. Los líderes políticos del sur de Texas han reaccionado con optimismo, aunque con cautela, ante la firma de este convenio. La representante estadounidense Monica De La Cruz destacó la importancia del acuerdo, calificándolo como un “paso importante” impulsado por presiones diplomáticas durante la administración Trump.
De La Cruz también señaló que la lucha por el agua es vital para cada familia tejana del sur, refrendando la necesidad de seguir avanzando para lograr entregas regulares y suficientes. El senador John Cornyn expresó su respaldo al acuerdo y agradeció la labor del gobierno anterior. Sin embargo, criticó la falta de acción de la administración Biden en meses recientes, señalando que la situación crítica requiere un compromiso continuo para apoyar a los agricultores y comunidades afectadas. En contraste, el representante Vicente González, también participante en las gestiones, subrayó la importancia de acompañar la entrega de agua con inversiones en infraestructura para mejorar la eficiencia y reducir pérdidas por evaporación y filtraciones en el sistema. La sequía persistente y las reiteradas insuficiencias en la entrega de agua han tenido consecuencias severas en la economía regional.
La agricultura, principal actividad en el Valle del Río Grande, ha sufrido pérdidas millonarias. Desde el cierre de ingenios azucareros con décadas de operación hasta la afectación progresiva de cultivos de cítricos y otras frutas, la escasez de agua ha puesto en riesgo la viabilidad económica y social de numerosas familias y negocios locales. Ante este panorama, los esfuerzos no solo se han centrado en la renegociación del suministro binacional, sino también en la búsqueda de soluciones integrales dentro de Texas. La creación del Grupo de Trabajo sobre Agua para el Sur de Texas es un ejemplo de iniciativas orientadas al desarrollo de infraestructura capaz de garantizar cierta autonomía hídrica en el mediano y largo plazo. Este enfoque contempla la modernización de sistemas de riego, la captación de agua pluvial, el reciclaje y otras tecnologías que permitan optimizar el uso del recurso.
La distribución y gestión del agua en la frontera reflejan una compleja interdependencia entre ambos países. Por un lado, México enfrenta también retos significativos con la disponibilidad y manejo del recurso en su territorio, los cuales impactan su capacidad de cumplir con los compromisos internacionales. Por otro, Estados Unidos debe lidiar con las consecuencias económicas y sociales de los incumplimientos, además de gestionar su propia demanda interna. El acuerdo firmado marca un cambio de rumbo que podría servir para revitalizar la cooperación binacional en materia hídrica. El plan de monitoreo conjunto anunciado para julio busca evaluar las condiciones hidrográficas y adaptar las medidas para asegurar el cumplimiento durante el próximo ciclo quinquenal.
Este ejercicio de coordinación es vital para anticipar desafíos, prevenir conflictos y fomentar el uso sustentable del agua en ambas orillas del Río Bravo. Es importante destacar que, a pesar de las buenas noticias que representa este convenio, las voces expertas y las comunidades locales reconocen que el camino hacia una solución definitiva es largo y requiere compromiso constante. Las inversiones en infraestructura y la modernización de los sistemas de distribución serán cruciales para que el agua entregada realmente llegue a donde se necesita, minimizando pérdidas y maximizando beneficios. Además, se plantea la integración del acuerdo en el marco del tratado comercial conocido como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), lo que añadiría mecanismos de cumplimiento y consecuencias claras en caso de incumplimiento. Esta estrategia busca dar mayor seguridad jurídica y operativa a las entregas, fortaleciendo la relación bilateral en un ámbito estratégico y sensible.
Por su parte, el sector agrícola y las organizaciones comunitarias se mantienen vigilantes para que las promesas se traduzcan en acciones concretas y permanentes. El apoyo financiero conseguido para mitigar daños, como los 280 millones de dólares en asistencia por desastres gestionados por la delegación texana, es una medida fundamental para aliviar las pérdidas más inmediatas, pero se requiere un trabajo integral para lograr la resiliencia y sustentabilidad. La crisis del agua en Texas no es un problema aislado, sino que refleja tendencias globales de escasez, crecimiento poblacional y cambio climático. Las soluciones requieren responsabilidad compartida, innovación y solidaridad entre gobiernos y comunidades. El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y México constituye un paso prometedor para enfrentar juntos estos retos, poniendo a prueba la capacidad de cooperación en una de las relaciones bilaterales más importantes del continente.
Finalmente, mientras Texas aguarda que lleguen las primeras entregas de agua bajo este nuevo pacto, la experiencia acumulada deja una enseñanza clara: la gestión sostenible del agua es indispensable para garantizar el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y el bienestar de miles de personas que dependen del líquido vital. La generación de políticas efectivas, la inversión en tecnología y la colaboración entre naciones y sectores serán la clave para que este capítulo de crisis hídrica pueda transformarse en una historia de éxito compartido.
