En la dinámica cambiante de la movilidad urbana, la discusión sobre cómo hacer el transporte más accesible y sostenible es cada vez más relevante. En la ciudad de Nueva York, uno de los temas más debatidos es el costo del sistema de bicicletas compartidas Citi Bike y cómo su tarifa creciente afecta tanto a usuarios como al medio ambiente. Recientemente, surge una pregunta que trasciende los límites del ciclismo urbano: si ofrecer autobuses gratuitos no es una solución viable, ¿es entonces más adecuado reducir los precios de Citi Bike para incentivar su uso? Esta interrogante abre un panorama complejo donde se deben sopesar múltiples factores para entender si hacer más accesibles las bicicletas compartidas podría ser una alternativa más inteligente y efectiva dentro del sistema de transporte público. Para comprender la situación actual, es fundamental conocer el contexto reciente de Citi Bike. Desde su inicio, esta red de bicicletas compartidas, operada por Lyft, ha visto un incremento notable en su popularidad y uso.
En 2024, se alcanzaron récords históricos en número de viajes diarios y mensuales, sumando un total acumulado de 250 millones de desplazamientos. Este crecimiento sugiere un interés creciente en la movilidad activa y una transformación en las costumbres de desplazamiento urbano. Sin embargo, este aumento en el uso se ha visto acompañado por una escalada significativa en las tarifas del servicio, especialmente en las bicicletas eléctricas, cuyo costo por minuto para miembros aumentó casi un 50% en poco más de un año. Esta combinación de alta demanda y tarifas elevadas demuestra la importancia de evaluar políticas públicas que puedan hacer el sistema más equitativo y asequible. En este contexto, dos concejales de Brooklyn, Chi Ossé y Lincoln Restler, propusieron una legislación para limitar la tarifa de Citi Bike para miembros al costo equivalente de un viaje en metro, es decir, aproximadamente 2.
90 dólares. Esta tarifa capearía el costo de los viajes en bicicletas eléctricas de hasta una hora y en bicicletas convencionales de hasta dos horas. La intención detrás de esta medida es clara: incentivar a los conductores a cambiar el automóvil por bicicletas compartidas, reduciendo la congestión vehicular y las emisiones contaminantes. A diferencia de la propuesta de autobuses gratuitos que ha generado controversia y fue analizada críticamente por expertos, esta iniciativa busca un equilibrio mediante subsidios públicos que podrían competir con otras prioridades financieras, pero con beneficios inmediatos para la movilidad sostenible. La subsidicación de tarifas en sistemas de transporte público no es algo nuevo en Estados Unidos.
Agencias como la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) en Nueva York y entidades similares en Los Ángeles, regularmente cubren una gran parte de sus costos operativos con subsidios provenientes de impuestos, peajes y fondos federales, relegando las tarifas a una fracción del ingreso total. Sin embargo, Citi Bike opera bajo un modelo distinto, sin apoyos públicos significativos, lo que hace que su tarifa se convierta en la principal fuente de ingresos para su mantenimiento y expansión. Alterar esta dinámica para incorporar subsidios que reduzcan el costo para el usuario implicaría financiar una parte considerable del ingreso actual que se pierde al eliminar o limitar las tarifas. Según estimaciones recientes, para mantener una tarifa máxima de tres dólares para viajes de hasta 20 minutos, el subsidio necesario rondaría los 25 millones de dólares anuales. Esta cifra se basa en el análisis del número de viajes, la proporción de usuarios miembros y los ingresos actuales por tarifas.
Sin embargo, existen mecanismos fiscales y fondos estatales que podrían absorber estos costos, incluso sin aumentar la carga tributaria directa para los neoyorquinos. Por ejemplo, el Fondo para Asistencia a la Operación del Transporte en Masa del Estado de Nueva York, con un presupuesto de tres mil millones de dólares, podría reasignar recursos para incluir a sistemas de bicicletas compartidas si estos son re-clasificados como parte del transporte público. Esto abriría la puerta a un financiamiento estable y permitiría no solo potenciar la accesibilidad sino también expandir y mejorar el sistema. Además, la idea es que un menor costo no solo favorece a los usuarios actuales, sino que promueve un aumento en la adopción de la bicicleta como medio de transporte diario. En ese sentido, la reducción de tarifas es vista como un incentivo para que más personas elijan una opción más ecológica y saludable, contribuyendo a la reducción del tráfico y de las emisiones de gases contaminantes.
A nivel de impacto social, también se prevé una mejora en la seguridad vial, dado que un mayor número de ciclistas genera una mayor visibilidad y conciencia por parte de los conductores, un fenómeno conocido como "seguridad en números". No obstante, esta propuesta no está exenta de desafíos. La tarifa reducida podría aumentar la demanda de manera significativa, lo que ya ha generado problemas operativos como el rápido desgaste de las bicicletas, mayores costos de mantenimiento, y la exigencia de más personal para manejar la logística y reparación. En un sistema que actualmente ya ve debilitada su eficiencia por factores como el vandalismo y el rápido uso intensivo, un aumento masivo de usuarios requiere inversiones adicionales para garantizar que la infraestructura se mantenga funcional y segura. Por otra parte, la cobertura del sistema aún no alcanza a la totalidad de la población, con un 36% de los residentes de Nueva York viviendo a más de cinco minutos a pie de una estación de bicicletas compartidas.
Por tanto, una reducción en las tarifas beneficiaría solo a una parte específica de la ciudad, y se deberían contemplar iniciativas paralelas para expandir la red hacia los barrios menos favorecidos y desconectados. Aún con un menor precio, existen factores externos que limitan la adopción de Citi Bike. La falta de una red sólida de ciclovías seguras contribuye a que sectores importantes de la población, como mujeres y personas mayores, tengan reservas para usar la bicicleta como medio de transporte. Las políticas municipales relacionadas con la construcción y mantenimiento de infraestructura ciclista siguen siendo un área crítica que demanda atención y recursos. Sin una mejora significativa en este aspecto, la reducción tarifaria podría no lograr el aumento esperado en la adopción y el uso frecuente.
Desde la perspectiva ambiental y social, fomentar el uso de las bicicletas compartidas representa una oportunidad valiosa. La movilidad activa, además de generar menos emisiones, promueve una vida más sana, ayuda a descongestionar las vías y reduce la contaminación sonora. En un contexto de crisis climática y urbanización creciente, estas acciones no solo son necesarias sino urgentes. La clave está en traducir estos objetivos en políticas públicas concretas que armonicen los beneficios con la sustentabilidad económica y operativa del sistema. Si bien la idea de autobuses gratuitos ha sido objeto de crítica debido a dudas sobre su viabilidad financiera y la efectividad en aumentar el uso, el modelo de bicicletas compartidas con tarifas limitadas parece ofrecer una alternativa más equilibrada.
El hecho de mantener una tarifa subsidiada pero presente implica ingresos continuos que pueden compensar parcialmente el subsidio estatal, lo que ofrece una mayor estabilidad financiera. Para el futuro, resulta esencial que los planes de reducción de tarifas vayan acompañados de esfuerzos por mejorar la infraestructura urbana, ampliar la red de estaciones, reforzar el mantenimiento de las bicicletas y promover una cultura de seguridad vial. Solo así se podrá maximizar el potencial del sistema y asegurar que las inversiones públicas rindan frutos a largo plazo. En conclusión, revisar y ajustar el costo de Citi Bike mediante subsidios controlados puede ser una estrategia inteligente para convertir a las bicicletas compartidas en una opción de transporte accesible, segura y ambientalmente amigable. Aunque existen desafíos importantes, tanto operativos como estructurales, los beneficios sociales, de salud y ambientales justifican su consideración como parte clave de las políticas urbanas de movilidad sostenible.
Mientras el transporte público enfrenta múltiples dilemas, promover la micromovilidad con un sistema de tarifas justo y asequible puede ser una pieza fundamental para mejorar la calidad de vida en las ciudades del siglo XXI.
