Lo que ocurre en Basilea no se queda en Basilea: La influencia global de las normas bancarias internacionales

Basilea, una tranquila ciudad suiza situada junto al Rin, es conocida principalmente por ser el hogar del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y de la Junta de Estabilidad Financiera. Aunque puede parecer un lugar distante y técnico, las decisiones que se toman en sus deliberaciones tienen efectos que trascienden las fronteras y sectores, afectando la vida diaria de millones de personas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Los acuerdos internacionales conocidos como Basilea III, diseñados para fortalecer la resiliencia del sistema bancario global, han desatado un intenso debate sobre la manera en que se definen las normativas financieras a nivel mundial. El proceso conocido como “endgame” de Basilea III o B3E, actualmente en discusión en EE. UU.

, refleja la urgente necesidad de hacer más transparentes, inclusivas y responsables las negociaciones internacionales que afectan la regulación bancaria. Aunque en apariencia estos estándares se centran en la estabilidad financiera y la fortaleza de los bancos, las repercusiones alcanzan mucho más allá del sector financiero, involucrando a pequeños empresarios, agricultores, organizaciones de justicia social y empresas de servicios básicos. Estos actores económicos y sociales a menudo se ven afectados en términos de acceso a crédito, costos financieros y posibilidades de desarrollo económico, pero rara vez tienen la oportunidad de influir en las decisiones que afectan sus actividades y comunidades. Los agricultores, por ejemplo, dependen del financiamiento para operaciones clave como la cobertura de riesgos de mercado mediante contratos derivados. El aumento en requerimientos de capital para los bancos puede traducirse en costos adicionales para los servicios de compensación y financiación, encareciendo productos y riesgos para el sector agrícola, y en última instancia, elevando los precios de los alimentos para los consumidores.

Los pequeños negocios representan el motor de la economía estadounidense y contribuyen significativamente al empleo. Sin embargo, con la implementación de normas más estrictas en capital bancario, la disponibilidad de crédito para estos emprendedores puede reducirse. Esto significa que muchos pequeños empresarios enfrentarán condiciones más difíciles para acceder a préstamos, aumentando sus costos y limitando su capacidad de crecimiento e innovación. Organizaciones dedicadas a la justicia social han señalado que regulaciones intensas sobre el capital podrían dificultar aún más el acceso a préstamos hipotecarios para minorías y compradores de vivienda primerizos, elevando las barreras para la propiedad de vivienda y ampliando la brecha de riqueza existente. En un contexto en que la vivienda asequible es una preocupación creciente, estas consecuencias sociales son particularmente graves.

En el ámbito de los servicios públicos, la imposición de normas más estrictas afecta la capacidad para cubrir y financiar el costo de combustibles y otros insumos esenciales. Aumentos en costos de financiamiento pueden traducirse en facturas más altas para los consumidores, lo que incide directamente en el bienestar de la población y en el funcionamiento de infraestructuras cruciales. Lo paradójico es que muchos de estos sectores afectados por las decisiones que emergen de Basilea raramente están presentes durante el proceso de formulación de las normas. Las negociaciones internacionales se desarrollan en un marco opaco, donde la mayoría de la participación tiene lugar entre reguladores y expertos financieros. En Estados Unidos, la implementación de estas medidas suele verse como un hecho consumado, donde la oportunidad para la intervención y el debate público se limita al final del proceso, dejando a numerosos actores a la defensiva cuando enfrentan cambios ya establecidos.

Esta brecha en la participación y la transparencia refleja un problema más amplio: la desconexión entre la formulación de políticas globales y las realidades económicas y sociales locales. Los pequeños negocios, organizaciones comunitarias, grupos sociales y no financieros generalmente no cuentan con los recursos ni la experiencia para monitorear las complejas actividades del Comité de Basilea ni para incidir en sus decisiones. Como resultado, las normas tienden a reflejar principalmente la perspectiva de los bancos grandes y los reguladores financieros, a menudo sin considerar las repercusiones indirectas en otros sectores de la economía. Ante este panorama, se vuelve indispensable cambiar la forma en que se designan y discuten las regulaciones internacionales en materia bancaria. La transparencia debe ser un pilar fundamental, con la emisión temprana de notificaciones para consultas públicas antes del inicio de las negociaciones internacionales.

Esto abriría la puerta para que un espectro más amplio de actores pueda expresar sus preocupaciones y aportar propuestas que reflejen las diversas realidades del país. La interacción formal y continua con diversos grupos de interés, como asociaciones agrícolas, de pequeñas empresas, organizaciones sociales y del sector servicios, es esencial para garantizar que las normas finales se adapten mejor a las circunstancias nacionales y no generen efectos no deseados que puedan frenar el crecimiento económico o aumentar la desigualdad. Además, un mayor rol de supervisión por parte del Congreso estadounidense en el seguimiento y evaluación de la participación nacional en el diseño de estándares internacionales permitiría una mayor rendición de cuentas y aseguraría que los intereses americanos, en toda su diversidad, sean defendidos y representados adecuadamente. Es importante reconocer que aunque Basilea III y estándares similares se perciban como reglas técnicas diseñadas para garantizar la estabilidad bancaria, son en realidad políticas que influyen sobre la agricultura, las pequeñas empresas, la justicia social y los servicios públicos, entre otros sectores. Por ello, una regulación bancaria efectiva debe considerar el contexto económico y social más amplio en el que operan las instituciones financieras.

Los riesgos de mantener un proceso opaco e exclusivo son claros: reducción del crédito, encarecimiento de productos y servicios, limitación del crecimiento económico, aumento de las desigualdades y efectos adversos para la sociedad en general. Sin embargo, estas consecuencias no son inevitables, sino el resultado de un sistema que excluye voces cruciales y carece de mecanismos adecuados de transparencia e inclusión. La experiencia reciente con el proceso del Basilea III endgame en Estados Unidos demuestra que existe un amplio interés y preocupación más allá del sector bancario, pero que las oportunidades para incidir son insuficientes y tardías. Es hora de repensar el proceso, de abrir los canales de participación y de promover la transparencia y la responsabilidad en la definición de normas que afectan a toda la economía. El sistema financiero debe servir a la economía real; por lo tanto, los reguladores y los organismos internacionales tienen la responsabilidad de escuchar y reflejar la diversidad de necesidades y perspectivas de todos los actores involucrados.

Solo un enfoque inclusivo, transparente y responsable garantizará que las normas bancarias internacionales promuevan no solo la estabilidad financiera, sino también el bienestar social y el desarrollo económico equitativo. En conclusión, lo que ocurre en Basilea no se queda en Basilea. Las decisiones tomadas en ese pequeño rincón suizo repercuten de manera extensa y profunda en la vida cotidiana de ciudadanos y sectores económicos. Por eso, es fundamental que estos procesos no sean un misterio exclusivo de expertos sino un espacio abierto a voces diversas, donde la equidad, la transparencia y el interés público sean los principios que guíen el camino hacia una regulación bancaria justa y eficaz.