La regulación de las criptomonedas, específicamente de las stablecoins, continúa siendo un tema candente y divisivo en el ámbito político estadounidense. Recientemente, la ley sobre stablecoins conocida como GENIUS Act, que inicialmente contaba con cierto respaldo bipartidista, ha sufrido un fuerte revés con la retirada del apoyo de varios senadores demócratas. Este cambio de postura no es fortuito y está directamente vinculado a crecientes inquietudes sobre posibles casos de corrupción relacionados con proyectos cripto vinculados a la familia del expresidente Donald Trump, como la controversia en torno a World Liberty Financial (WLFI). El proyecto GENIUS Act había pasado inicialmente un paso crucial en el Comité Bancario del Senado gracias a una coalición de demócratas favorables a las criptomonedas que, junto con varios legisladores republicanos, respaldaron la iniciativa. Sin embargo, el propio liderazgo demócrata, liderado por la senadora Elizabeth Warren, conocida crítica del cripto, mostró reticencias y expresó preocupaciones sobre los riesgos asociados a la regulación tal como se planteaba.
Las enmiendas realizadas al proyecto pretendían reforzar los controles sobre los emisores de stablecoins, incluyendo mayores criterios de anti-lavado de dinero, prevención del financiamiento al terrorismo y robustez en la gestión del riesgo. Pese a estas mejoras, la tranquilidad no llegó para los legisladores demócratas que inicialmente apoyaron la propuesta. Un grupo significativo de ellos decidió expresar públicamente que el proyecto, en su estado actual, seguía dejando demasiadas dudas sin resolver, poniendo en riesgo la seguridad financiera nacional y la transparencia del sistema. La influencia de importantes eventos y escándalos vinculados a WLFI, la firma cripto asociada al clan Trump, ha sido uno de los factores que ha provocado esta retirada. WLFI ha recibido críticas por cerrar acuerdos que, según algunos, enriquecen de forma directa a los miembros de la familia Trump, generando inquietud sobre un posible conflicto de intereses y uso indebido de influencia política.
La relación entre WLFI y el token TRUMP ha sido especialmente señalada por legisladores demócratas que han cuestionado la ética del proyecto y la posibilidad de que sirva para beneficiar personalmente al expresidente. La congresista Maxine Waters ha sido una de las voces más firmes en expresar su rechazo al proyecto de ley en su forma actual. Waters ha advertido que la legislación permitiría que el presidente, o personas cercanas a él, se beneficien de los negocios vinculados a stablecoins sin mecanismos claros para impedirlo. Su postura llevó incluso a la intención, junto con otros miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, de abandonar una audiencia importante sobre el futuro de los activos digitales, lo que podría paralizar el proceso legislativo. Este ambiente de desconfianza también ha generado dificultades dentro de la propia bancada republicana.
French Hill, congresista y uno de los promotores de legislación favorable al cripto, ha reconocido que los proyectos vinculados a Trump han complicado el intento de avanzar con normas claras y comprensivas para la industria. En este contexto, el proceso de construir un enfoque regulatorio balanceado y eficaz para las stablecoins parece cada vez más distante. Más allá de las preocupaciones sobre corrupción, algunos analistas sugieren que la retirada del apoyo también puede estar influenciada por dinámicas políticas y estratégicas dentro del Senado. La posibilidad de utilizar la ley sobre stablecoins como instrumento de presión política o para renegociar apoyos en temas clave no está descartada. Fuentes cercanas al Senado indican que el líder de la mayoría, Chuck Schumer, habría aconsejado a legisladores demócratas conservar una posición ambivalente para maximizar el margen de maniobra política.
A esta complejidad se suman los intereses de grandes actores del sector cripto, como Coinbase, que están empujando por una legislación que pueda ofrecer mecanismos más favorables para la actividad de las principales plataformas y proyectos. Las donaciones significativas de comités de acción política vinculados a la industria cripto hacia campañas de algunos senadores también generan sospechas acerca del uso de la normativa como herramienta negociadora, más allá de una búsqueda genuina por la regulación justa y segura. En el epicentro de la crisis está la firma WLFI, que ha protagonizado contrataciones millonarias, la mayoría de ellas resaltando la participación directa de miembros de la familia Trump. La vinculación con empresas internacionales, como la propuesta del fondo de inversión de Abu Dhabi MGX para utilizar el token USD1 como medio de pago para una inversión de dos mil millones de dólares en Binance, también ha atraído la atención global. Otros actores relevantes, como Justin Sun, fundador de Tron, también han intervenido en este entramado adquiriendo grandes cantidades de tokens TRUMP, sembrando así especulaciones sobre la influencia de inversionistas extranjeros y sus impactos en la política estadounidense.
La rápida paralización de investigaciones por parte de la SEC sobre posibles irregularidades en dichas inversiones ha alimentado el escepticismo y las suspicacias en la opinión pública y entre legisladores. Los ataques críticos al proyecto TRUMP memecoin, catalogado por algunos como aquello peor del ecosistema cripto, incrementan la presión sobre los legisladores para garantizar que cualquier regulación evite la captura política o empresarial. La oferta de acceso exclusivo a eventos con el expresidente para poseedores importantes de tokens también ha generado controversias que ponen en cuestión la ética de estas iniciativas. Por su parte, Donald Trump ha minimizado las críticas, afirmando no estar obteniendo beneficios personales de sus proyectos cripto y defendiendo la propiedad privada de sus activos inmobiliarios y digitales. Sin embargo, la falta de transparencia y la mezcla de intereses políticos con negocios privados no han contribuido a calmar los ánimos.
