Durante la administración Trump, el llamado a un “renacimiento nuclear” fue una afirmación recurrente en discursos y declaraciones oficiales. Se presentaba la energía nuclear como clave para asegurar la competitividad tecnológica, la independencia energética y una transición hacia fuentes más limpias. Sin embargo, a pesar del entusiasmo verbal y las promesas, diversos factores y decisiones gubernamentales evidenciaron un panorama mucho más complejo y contradictorio, alejando la realidad de aquella visión optimista. Uno de los focos más destacados en esta controversia fue el papel de la Tennessee Valley Authority (TVA), la mayor empresa pública de servicios eléctricos en Estados Unidos. Desde la gestión anterior a Trump, TVA había mostrado un compromiso claro con la energía limpia, apoyando la energía hidroeléctrica y la nuclear, al punto de planificar el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMRs), tecnologías consideradas más seguras y económicas.
Sin embargo, bajo la administración Trump, la dinámica en TVA cambió drásticamente, complicando la continuidad y velocidad del avance nuclear. En su afán por acelerar la expansión nuclear, senadores republicanos como Marsha Blackburn y Bill Hagerty plantearon críticas y exigieron cambios en la dirección de TVA. Consideraban que el liderazgo existente no estaba alineado con la ambición de liderar un renacimiento nuclear que fortaleciera la posición tecnológica y geopolítica estadounidense. Su propuesta implicaba reemplazar a altos cargos y reorientar la estrategia hacia dichos objetivos, con especial énfasis en los reactores modulares pequeños. Sin embargo, lo que en apariencia fue una iniciativa para impulsar el sector terminó generando un efecto adverso.
La remoción abrupta de miembros clave de la junta directiva y la ausencia de un quórum suficiente ha impedido tomar decisiones esenciales, como la aprobación de nuevos proyectos nucleares. Expertos y analistas señalan que esta paralización puede retrasar el desarrollo en vez de acelerarlo, evidenciando una falta de coherencia entre las intenciones declaradas y las acciones concretas. Esta problemática se combina con la complejidad inherente a la industria nuclear. Desde sus costosos y prolongados procesos de construcción hasta la necesidad de una mano de obra altamente calificada y una gestión que coordine múltiples actores, como diseñadores, empresas constructoras, reguladores y usuarios, el sector requiere un esfuerzo coordinado y recursos sólidos. Históricamente, la TVA había desempeñado ese papel como incubadora y facilitadora para proyectos innovadores en energía nuclear, pero las tensiones políticas y administrativas han minado esa capacidad.
Un factor adicional que complica el renacimiento nuclear bajo esta administración es el impacto de las políticas económicas, en particular los aranceles impostados sobre materiales importados esenciales. Si bien se busca la autosuficiencia y reactivación industrial, estas políticas han aumentado los costos de acero y otros insumos fundamentales para la construcción de plantas nucleares. La incertidumbre generada por estas medidas desincentiva la inversión privada justamente en un sector donde la confianza y la estabilidad financiera son cruciales. Por otro lado, el debilitamiento de oficinas gubernamentales clave, como la Oficina de Préstamos del Departamento de Energía, reduce el apoyo financiero y técnico al desarrollo nuclear. Durante la administración Biden, esta oficina fue un pilar en la financiación de proyectos emblemáticos, incluyendo el complejo de Plant Vogtle en Georgia.
En contraste, la reducción de personal y recursos bajo Trump refleja un retroceso que dificulta la movilización de capital a largo plazo para estas infraestructuras. Estos factores socavan la percepción de que un renacimiento nuclear relevante y sostenible es un objetivo genuino y prioritario. Aunque la administración Trump comunicaba un enfoque pro-nuclear, la implementación práctica no parecía acompañar la retórica. Además, el historial de TVA con la energía nuclear, marcado por proyectos cancelados y deudas millonarias a causa de plantas incompletas, subraya los riesgos y la necesidad de una planificación estratégica robusta y coherente. Otro aspecto a considerar es la competencia internacional en tecnología nuclear, especialmente en el desarrollo de pequeños reactores modulares.
Hasta la fecha, solo países como China y Rusia han logrado avances concretos en esta área. La voluntad declarada de Estados Unidos de recuperar liderazgo tecnológico se enfrenta, entonces, a una realidad en la que los pioneros extranjeros llevan ventaja, mientras la dinámica interna se ve frenada por políticas y gestiones cuestionables. Frente a este escenario, el debate energético en Estados Unidos refleja además tensiones partidistas y discrepancias en torno a las prioridades y la transparencia. Mientras algunos actores abogan por diversificar el portafolio energético incluyendo nuevas tecnologías nucleares avanzadas, otros señalan la insuficiencia de un debate público honesto y temen que decisiones tomadas favorezcan a intereses económicos vinculados a energías fósiles y grandes corporaciones, debilitando la supervisión ciudadana y aumentando la rigidez del sistema energético. En conclusión, aunque la administración Trump expresaba un deseo claro de impulsar un renacimiento nuclear para asegurar el liderazgo tecnológico y energético estadounidense, las acciones concretas revelaron contradicciones sustanciales.
Cambios en la dirección de entidades clave, políticas económicas contraproducentes, reducción de apoyo financiero, y una gestión política compleja frenaron el avance real de la energía nuclear. Este contraste entre discurso y realidad resalta los desafíos estructurales y políticos que enfrentan hoy las aspiraciones nucleares en Estados Unidos, y subraya la necesidad de un enfoque equilibrado, coordinado y sostenible para transformar esas ambiciones en hechos palpables.
