El pasado 2 de mayo de 2025, el gobernador de Arizona, Katie Hobbs, sorprendió a la comunidad criptográfica y a varios sectores financieros al vetar una propuesta legislativa que habría convertido a Arizona en el primer estado de Estados Unidos en establecer una reserva oficial de Bitcoin. La denominada Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin de Arizona pretendía autorizar al estado para invertir fondos incautados en la criptomoneda líder y administrar dicha reserva mediante funcionarios públicos. Sin embargo, Hobbs tomó la determinación de impedir la entrada de este proyecto en vigor, alegando preocupaciones relacionadas con los riesgos financieros y la volatilidad inherente a los activos digitales. Esta decisión no pasó desapercibida, y rápidamente generó una fuerte reacción dentro de la comunidad cripto, donde expertos, inversores y figuras prominentes no dudaron en manifestar su descontento. Jameson Lopp, cofundador de Casa, expresó en la red social X que este veto “envejecería mal”, mientras que el conocido defensor de Bitcoin, Anthony Pompliano, criticó enérgicamente la medida, señalando la falta de conocimiento por parte de la clase política para entender y manejar inversiones de este tipo.
Pompliano llegó a afirmar que “si la gobernadora no puede superar el rendimiento de Bitcoin, lo que debe hacer es comprarlo”. Entre los legisladores que apoyaban la iniciativa, Wendy Rogers, coautora del proyecto junto con el representante Jeff Weninger, expresó una marcada decepción. En sus declaraciones enfatizó que no son los políticos quienes necesitan a Bitcoin, sino que es Arizona la que necesita adoptar este activo digital para potenciar su economía y fortalecer sus finanzas públicas. Adicionalmente, recordó que el sistema de pensiones del estado ya posee inversiones indirectas en Bitcoin a través de acciones en MicroStrategy, la empresa que es considerada un proxy para la criptomoneda. Una tenue situación financiera estatal también ha sido parte de la conversación.
Arizona cuenta con un sistema de pensiones financiado en un 76%, ubicándose en el puesto 36 a nivel nacional, un dato que algunos interpretan como la necesidad de explorar nuevas estrategias financieras que puedan mejorar esta condición. La discusión sobre la viabilidad de integrar inversiones en Bitcoin dentro de los activos estatales se sitúa en el centro de un debate mayor sobre innovación financiera versus prudencia y gestión de riesgos. Desde el ámbito legal, Andrew Gordon, abogado especializado en criptomonedas, destacó la carencia de funcionarios electos que comprendan la importancia de las criptomonedas como parte del futuro financiero. Para él, el veto representa un retroceso en el camino hacia la modernización que requieren las instituciones públicas para adaptarse a nuevas tecnologías y oportunidades de inversión emergentes. No obstante, no todos compartieron un punto de vista crítico sobre la decisión de Hobbs.
Peter Schiff, reconocido escéptico de las criptomonedas, apoyó el veto y argumentó que es inapropiado que los gobiernos especulen con fondos públicos en activos tan volátiles como Bitcoin. Esta perspectiva resalta las profundas divisiones existentes en la comunidad financiera sobre la legitimidad y conveniencia de utilizar criptomonedas en reservas oficiales o carteras estatales. Arizona habría sido un pionero en la Unión Americana si la ley hubiera sido aprobada, llevándose la distinción de ser el primer estado en oficializar a Bitcoin como parte de sus reservas. A pesar de esta oportunidad histórica, iniciativas similares en otros estados como Oklahoma, Montana, Dakota del Sur y Wyoming no han tenido éxito, evidenciando la cautela generalizada que predomina en las instituciones públicas sobre inversiones en criptomonedas. Por otro lado, a nivel federal, las posibilidades de que el gobierno de Estados Unidos incremente significativamente sus reservas de Bitcoin parecen remotas.
Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, declaró recientemente que, dadas las presiones actuales sobre la economía y la creciente deuda nacional, el país no está preparado para adoptar una estrategia activa de adquisición de Bitcoin, más allá de los aproximadamente 200,000 BTC que ya posee. Pese a la aparente reticencia gubernamental, el interés por Bitcoin se mantiene fuerte en el sector privado y empresarial. Recientemente, la compañía Strategy, liderada por Michael Saylor, anunció que triplica su plan de recaudación de capital llegando a los 84 mil millones de dólares con el fin de adquirir más Bitcoin. La empresa también duplicó su objetivo de emisión de deuda a 42 mil millones, demostrando la confianza que ciertas entidades tienen en la criptomoneda como activo estratégico y de valor a largo plazo. El primer trimestre de 2025 registró un aumento del 16.
1% en las inversiones en Bitcoin por parte de empresas que cotizan en bolsa, un indicador claro de que, a pesar de la volatilidad del mercado, la institucionalización del activo digital sigue avanzando y ganando terreno en el sistema financiero global. En este contexto, la polémica en Arizona se presenta como un caso emblemático que refleja los dolores de crecimiento que atraviesa la adopción del Bitcoin en las finanzas públicas. La tensión entre innovación y precaución, entre la visión optimista de una economía digitalizada y las preocupaciones legítimas sobre la seguridad y estabilidad fiscal, es el telón de fondo que define el futuro del Bitcoin en la esfera gubernamental. El debate abierto que ha generado el veto de la Ley de Reserva Estratégica de Bitcoin en Arizona invita a una reflexión profunda sobre cómo los gobiernos podrían incorporar tecnologías disruptivas sin comprometer su responsabilidad fiduciaria. Asimismo, subraya la importancia de que los políticos y funcionarios amplíen su conocimiento sobre estos temas para tomar decisiones informadas que no solo protejan a los contribuyentes, sino que también permitan aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías financieras.
En definitiva, la historia de Arizona no ha concluido. Con el compromiso explícito de reapertura del proyecto en futuras sesiones legislativas y el respaldo creciente de la comunidad cripto, la batalla por establecer una reserva oficial de Bitcoin podría persistir, marcando un precedente sobre el rol que estas innovaciones tendrán en el futuro económico y fiscal de los estados y, por qué no, del país entero.
