En una era en la que la privacidad digital se ha convertido en un bien cada vez más valioso pero cada vez más vulnerado, el reciente fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Estados Unidos representa un avance fundamental para la defensa de los derechos de los consumidores. La decisión establece que los residentes de California pueden presentar demandas legales contra empresas ubicadas fuera del estado que hayan violado las estrictas leyes de privacidad de California. Esta resolución no solo refuerza la aplicación de la legislación estatal en materia de protección de datos, sino que también envía un mensaje claro a las corporaciones nacionales y multinacionales sobre la responsabilidad que conlleva el manejo de la información personal de los usuarios, independientemente de su ubicación física. El caso que detonó este precedente involucró a Shopify, una conocida empresa que ofrece soporte tecnológico a múltiples negocios en línea a nivel mundial. Un residente de California acusó a Shopify de instalar software de rastreo en sus dispositivos sin su consentimiento ni conocimiento, utilizando esta herramienta para recopilar información personal de manera encubierta.
La compañía supuestamente seguía las actividades de navegación de los usuarios a través de múltiples sitios web, creando perfiles de consumo detallados que incluían puntuaciones financieras conocidas como "risk scores", los cuales podrían utilizarse para limitar o bloquear futuras compras de ciertos usuarios. Inicialmente, el tribunal desestimó la demanda argumentando la falta de jurisdicción personal en California, bajo la premisa de que Shopify no tenía una conexión suficientemente directa con el estado. La recopilación de datos de usuarios californianos no era considerada un motivo suficiente para permitir una demanda allá. Esto evidenciaba una limitación importante en la capacidad de los estados para hacer cumplir sus propias leyes de privacidad contra actores externos, a pesar del impacto directo que esas declaraciones de conducta podían tener sobre sus residentes. Sin embargo, tras una nueva revisión a petición del demandante, con apoyo de organizaciones defensoras de los derechos digitales como el Electronic Frontier Foundation (EFF), el tribunal revertió su postura.
El Noveno Circuito concluyó que el mero hecho de que una empresa recolecte y utilice datos con conocimiento de quiénes son los usuarios californianos y para qué fines, se traduce en una conexión significativa con el estado. Por ello, no puede evadir la jurisdicción legal en California ni el accionar contra ella por daños ocasionados a sus residentes. Este fallo subraya un cambio importante en la interpretación del concepto de "actuación dirigida expresamente" hacia un estado. En lugar de requerir que las empresas tengan una intención manifiesta de enfocar sus actividades comerciales en California, el tribunal reconoció que la conducta consistente en recolectar datos personales de ciudadanos californianos y utilizarlos para fines comerciales es suficiente para establecer una relación jurídica y permitir la demanda. Esto representa un alejamiento de criterios previos que protegían a corporaciones justamente porque sus operaciones tenían alcance nacional o internacional sin un enfoque particular en un solo estado.
El tribunal destacó que, en el entorno pre-internet, si alguien entraba físicamente en la casa de un californiano para apoderarse de información personal de forma fraudulenta, sin duda alguna los tribunales locales tendrían jurisdicción para atender la demanda. La analogía con el caso digital resulta clara, pues aunque la "entrada" sea electrónica, la invasión a la privacidad ocasiona un daño tangible en el estado y debe ser objeto de reparación judicial. La capacidad de las empresas para rastrear usuarios, construir perfiles y tomar decisiones comerciales basadas en esos datos, sin consentimiento informado, afecta directamente los derechos fundamentales de privacidad reconocidos por la ley californiana. Además de fortalecer los derechos individuales, esta decisión contribuye a que las leyes estatales de protección de datos tengan efectividad real. Tras años de debates y la ausencia de una legislación federal integral en Estados Unidos sobre privacidad, muchos estados han adoptado sus propias normas para proteger a los consumidores.
La aplicación efectiva de estas leyes depende en gran medida de que los tribunales puedan ejercer su jurisdicción sobre las empresas que incumplen estas regulaciones, sin importar dónde estén ubicadas físicamente. Para los ciudadanos, esta victoria jurídica significa que sus derechos tienen respaldo frente a las prácticas invasivas y poco transparentes que desarrollan muchas compañías con base tecnológica. El reconocimiento de que pueden buscar justicia en su propio estado, sin tener que enfrentar limitaciones jurisdiccionales que beneficien a las grandes corporaciones, es determinante para equilibrar las relaciones entre usuarios y compañías que manejan información sensible. Para las empresas, el fallo implica una advertencia clara de que no pueden operar sin considerar las particularidades legales de cada región a la que llegan con sus actividades, especialmente con datos personales. Retener la información, manipularla o explotar perfiles de consumo sin el consentimiento adecuado, puede acarrear consecuencias legales importantes, incluyendo demandas colectivas y sanciones.
