A comienzos de este año, una redada de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Albion, un pequeño poblado del oeste del estado de Nueva York, conmocionó a la comunidad local y puso en foco la compleja lucha de los trabajadores agrícolas inmigrantes por conseguir derechos laborales plenos. El operativo del 26 de enero de 2025, que culminó con la detención de 14 trabajadores inmigrantes de origen mexicano y guatemalteco empleados durante todo el año en la finca Lynn-Ette & Sons Farms, desató múltiples debates sobre la legitimidad y el propósito real de la intervención. El caso se encuadra en un contexto más amplio, donde estos trabajadores estaban involucrados en un esfuerzo histórico para sindicalizar a empleados agrícolas a nivel estatal, algo inédito y con impactos significativos en la legislación laboral de Nueva York. Lynn-Ette & Sons Farms, una empresa familiar ubicada en Kent, Nueva York, se ha convertido en uno de los escenarios de la intensa lucha entre empresarios agrícolas y los movimientos por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del campo. Estos empleados han intentado desde hace años establecer una representación sindical a través del sindicato United Farm Workers of America (UFW), una organización emblemática en la historia del sindicalismo agrario en Estados Unidos.
El trasfondo de esta tensión se remonta a la aprobación en 2019 de la Ley de Prácticas Justas para Trabajadores Agrícolas del Estado de Nueva York, un texto legal que otorgó protecciones sin precedentes a los trabajadores agrícolas, ya fueran temporales o permanentes, en su derecho a organizarse y negociar colectivamente. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta legislación. Cinco empresas agrícolas, entre ellas Lynn-Ette, junto con la Asociación de Productores Estatales, emprendieron una serie de acciones legales para desacreditar, debilitar o incluso anular dicha ley, aunque sin mucho éxito hasta este momento. La redada en Albion fue realizada por agentes federales en vehículos sin identificación visible de la agencia, que interceptaron un autobús donde viajaban los trabajadores rumbo a su centro laboral. Según testimonios y fuentes cercanas a las familias de los detenidos, esta acción fue altamente focalizada y no una operación aleatoria.
Los agentes, vestidos de civil y con chalecos tácticos marcados como 'Police', tenían una lista previamente establecida de los trabajadores que serían arrestados. Esta situación, atípica en relación a las redadas clásicas de ICE, produjo alarma porque algunos de los trabajadores arrestados estaban activamente comprometidos en las acciones para lograr la sindicalización en la finca. La directora de campañas estratégicas del UFW, Elizabeth Strater, expresó públicamente su preocupación ante lo que parece un patrón de persecución hacia los líderes visibles del movimiento pro sindical. La detención de estos activistas ha provocado un clima de miedo y alerta máxima en la comunidad, que ya venía adaptando sus rutinas para minimizar riesgos ante posibles deportaciones simultáneas de padres o tutores. La incertidumbre derivada de la falta de información oficial sobre la ubicación y el estado de la mayoría de los detenidos ha exacerbad0 aún más esta sensación de vulnerabilidad y desprotección.
Desde el punto de vista de la empresa, Lynn-Ette & Sons Farms emitió un comunicado en el que manifiesta sorpresa y preocupación por la forma en que se llevó a cabo la operación, enfatizando que no tuvo conocimiento previo ni colaboración con los agentes de ICE. Al mismo tiempo, el propio establecimiento rechazó categóricamente las acusaciones del sindicato que sugieren que los arrestos fueron motivados por represalias en contra de los trabajadores que participan en actividades sindicales, calificando esas afirmaciones como falsas y sin fundamento. Las controversias alrededor de esta redada evidencian un entramado complejo donde convergen la legislación laboral, las políticas migratorias y la realidad socioeconómica de los sectores agrícolas que dependen en gran medida del trabajo inmigrante. De hecho, aunque la región del oeste de Nueva York ha mostrado en elecciones recientes una inclinación hacia figuras políticas que impulsan medidas restrictivas en materia migratoria, sus economías locales, especialmente en agricultura y lácteos, se sostienen sobre la base de la labor constante de trabajadores inmigrantes. El caso particular de Lynn-Ette ha sido seguido de cerca por distintas organizaciones.
En 2023, el dueño de la finca fue acusado de conductas intimidatorias y de interferencia contra los esfuerzos sindicales después de que un representante de UFW fuese expulsado del predio y un empleado fuese reprendido por dialogar con el organizador. Aunque en 2024 se registro un acuerdo para levantar una queja por prácticas laborales injustas a cambio de garantías de no vigilancia ni interrogatorios a los trabajadores sobre sus reuniones con el sindicato, la relación sigue siendo tensa y la voluntad de avanzar en negociaciones sigue siendo limitada por parte de la empresa. Desde la óptica sindical, la acción del ICE no solo impactó a quienes estaban detenidos, sino que también ha dejado incierto el futuro de una representación que ya contaba con firmas suficientes de los trabajadores para iniciar procesos formales de negociación. La detención de 14 empleados activos en la organización sindical puede frenar o incluso reversar los avances conseguidos y desmotivar a quienes aún persisten en la lucha. Más allá de este episodio, el uso de redadas migratorias para intervenir en conflictos laborales ha sido denunciado en otros estados, donde se reportan casos en los que la agencia parece actuar con motivaciones que trascienden el simple control migratorio.
En Washington, por ejemplo, durante el mismo año, otro organizador sindical fue detenido en circunstancias similares, lo cual apunta a un patrón preocupante que podrían estar usando actores privados o incluso la propia agencia para controlar o detener la actividad sindical en sectores vulnerables. La ausencia de transparencia de ICE respecto a las razones específicas para esta intervención y la localización de varios de los detenidos ha intensificado las críticas desde organizaciones de derechos humanos y laborales, que exigen mayor respeto a la dignidad humana y a los procedimientos legales adecuados. Asimismo, subrayan la necesidad de separar claramente las políticas migratorias del derecho legítimo de los trabajadores a organizarse y proteger sus intereses. Las implicaciones sociales de este caso son profundas. En un país construido en gran medida por trabajos realizados por inmigrantes, especialmente en ámbitos que muchos ciudadanos no quieren o pueden cubrir, tales conflictos exponen la vulnerabilidad de estos trabajadores frente a abusos y persecución que muchas veces desconocen el marco legal que los protege.
Además, deja en evidencia las contradicciones entre los intereses empresariales, las políticas públicas y el respeto a los derechos fundamentales. La redada y detenciones en Albany no solo son una historia aislada, sino que reflejan una disputa en marcha sobre el futuro del sindicalismo agrícola en Estados Unidos y las condiciones laborales que se están definiendo en este momento. Mientras organizaciones sindicales como United Farm Workers continúan luchando para sostener los avances logrados por las leyes estatales y federales, la presión de ciertos sectores empresariales y las políticas migratorias restrictivas amenazan con revertir derechos y socavar conquistas históricas. En definitiva, este caso es un llamado de atención sobre cómo el derecho a la organización y a una vida digna para millones de trabajadores migrantes continúa siendo una batalla que demanda atención, solidaridad y vigilancia constante en todos los niveles de la sociedad. El futuro de estos trabajadores, sus familias y comunidades depende en gran medida de que se respeten sus derechos y se garantice que las políticas públicas no se conviertan en herramientas de represión o intimidación, sino en mecanismos para agilizar la justicia social y laboral.
Es fundamental que los actores involucrados, desde agencias gubernamentales hasta empresas y sindicatos, trabajen con transparencia y responsabilidad para asegurar que la ley se aplique con justicia, cuidando la integridad de los trabajadores y respetando su derecho a organizarse y vivir sin miedo. Solamente así será posible construir un sistema laboral equitativo que reconozca el aporte esencial de los trabajadores agrícolas inmigrantes y proteja sus derechos fundamentales.
