Worldcoin, el controvertido proyecto de criptomoneda encabezado por Sam Altman, conocido fundador de OpenAI y ChatGPT, se encuentra en una situación crítica tras recientes decisiones regulatorias en Indonesia y Kenia. Mientras un país asiático ha suspendido el proyecto debido a irregularidades legales, en África Oriental, un tribunal ha declarado ilegales todas las actividades biométricas de Worldcoin, ordenando además la eliminación urgente de los datos recolectados. Estos desarrollos han sacudido tanto la confianza del mercado como el valor de la criptomoneda WLD, abriendo un debate profundo sobre la privacidad, regulación y ética en el uso de tecnologías criptográficas vinculadas a datos personales sensibles. El problema central con Worldcoin radica en su prometedora pero polémica propuesta: ofrecer acceso a criptomonedas a cambio de datos biométricos, principalmente imágenes del iris y facial, obtenidos mediante un dispositivo llamado "Orb". Esta tecnología busca crear una identidad digital verificable y universal, que teóricamente permitiría a los usuarios participar en la economía digital global de manera segura y sin barreras.
Sin embargo, las implicaciones sobre privacidad y protección de datos han generado un fuerte rechazo de reguladores y defensores de derechos digitales. En Kenia, la situación ha alcanzado un punto crítico. El 5 de mayo de 2025, una decisión histórica de la Alta Corte de Nairobi determinó que las operaciones de Worldcoin en el país violaban la Ley de Protección de Datos de 2019. La jueza Aburili Roselyne emitió órdenes contundentes que incluyen la eliminación inmediata, en un plazo no mayor a siete días, de toda la información biométrica recolectada de ciudadanos kenianos. Además, se prohibió a la fundación y sus representantes continuar recolectando, procesando o tratando cualquier dato biométrico dentro del territorio.
Esta resolución surge a raíz de una acción de revisión judicial promovida por la organización civil Katiba Institute, que cuestionó la validez del consentimiento ofrecido a los participantes, destacando que este fue inducido mediante incentivos financieros en criptomonedas, lo que resultó ser ilegal bajo las normativas del país. Según los argumentos presentados, Worldcoin no realizó una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos antes de iniciar operaciones, un requisito legal indispensable para la recolección de información biométrica. La falta de transparencia en cuanto al uso posterior, almacenamiento y protección de esos datos agudizó la preocupación y llevó a la acción judicial. Los expertos locales y activistas han señalado que esta medida sienta un precedente importante para la defensa de la privacidad en la región y para la regulación de nuevos modelos de negocio que involucran tecnología avanzada, como la biometría conjunta con criptomonedas. Paralelamente, en Indonesia, el Ministerio de Comunicaciones y Digital suspendió el proyecto Worldcoin debido a detectarse irregularidades en la legalidad de las empresas vinculadas a la operación.
Dos entidades locales asociadas, PT Terang Bulan Abadi y PT Sandina Abadi Nusantara, habrían operado sin las certificaciones electrónicas requeridas y usado identidades legales distintas a las autorizadas, infringiendo gravemente la legislación digital del país. Esta suspensión no solo paralizó la actividad en Indonesia, sino que también envió una señal fuerte a la comunidad internacional sobre la imperiosa necesidad de cumplir estrictamente con las normativas digitales. El impacto de estas decisiones se reflejó rápidamente en los mercados. El precio del token WLD experimentó una caída superior al 6% en apenas 24 horas, y el interés abierto en contratos relacionados bajó considerablemente, evidenciando la incertidumbre y el riesgo que las acciones regulatorias generan sobre activos digitales vinculados a proyectos controvertidos y poco claros en términos legales y éticos. Este episodio también pone en duda las tácticas de Worldcoin para crecer y expandirse.
Desde su lanzamiento en Nairobi a principios de 2023, la iniciativa contó con un crecimiento impulsado por la curiosidad y la promesa de una revolución financiera, pero las multitudes y la participación masiva suscitaron preocupación en las autoridades locales sobre la seguridad y las posibles consecuencias de la recolección masiva de datos sensibles. Si bien la fundación ha intentado compensar las controversias presentando un nuevo producto llamado WLD ID en Estados Unidos, respaldado por la intención de ser listado por Coinbase, estas medidas no han logrado disipar las inquietudes sobre la protección y el uso adecuado de la información personal. El debate internacional en torno a Worldcoin refleja una problemática más amplia: el conflicto entre innovación tecnológica y protección de derechos fundamentales. A medida que los proyectos de blockchain y criptomonedas evolucionan, la incorporación de tecnologías biométricas introduce un nivel de riesgo mayor debido a la naturaleza irreversible y privada de estos datos. Más allá del simple cumplimiento legal, se requiere una reflexión ética profunda sobre la legitimidad y las condiciones en que los usuarios otorgan permisos para la utilización de su información biométrica.
Expertos en privacidad han alertado que la práctica de inducir a usuarios a entregar su información a cambio de recompensas monetarias puede generar un consentimiento viciado, poniendo en riesgo la autonomía y seguridad de las personas. Así, la resolución en Kenia puede ser vista no solo como un acto de defensa normativa, sino como una declaración firme sobre la necesidad de preservar los derechos digitales en medio de la era digital y la economía tokenizada. Por su parte, las autoridades regulatorias de Indonesia han enfatizado la importancia de mantener un espacio digital transparente y seguro para los ciudadanos, invitando a la población a colaborar denunciando proveedores digitales no registrados y exigir mayor control sobre los actores tecnológicos que operan en su territorio. Esta postura resalta la urgencia con la que los gobiernos deben actualizar y aplicar sus marcos legales para enfrentar los retos que impone la rápida evolución tecnológica. Este escenario también genera desafíos para inversores y actores del mercado de criptomonedas.
La volatilidad causada por decisiones regulatorias puede significar tanto riesgos elevados como oportunidades, pero subraya la importancia de realizar una investigación exhaustiva y de valorar los aspectos legales y éticos de los proyectos antes de invertir. Además, la repercusión negativa en la reputación de Worldcoin puede afectar su capacidad para atraer nuevos usuarios y socios estratégicos, frenando su crecimiento y consolidación. A pesar de las adversidades, Sam Altman y su equipo siguen intentando impulsar su visión de una plataforma de identidad global basada en blockchain, argumentando que la seguridad y la privacidad pueden coexistir con el modelo de negocio. No obstante, las recientes resoluciones indican que para lograrlo será imprescindible adaptar prácticas, cumplir rigurosamente con las normativas y establecer mecanismos transparentes que generen confianza tanto en los usuarios como en las autoridades. En conclusión, la prohibición de Worldcoin en Indonesia junto con la declaratoria de ilegalidad en Kenia revela las complejas tensiones existentes entre innovación tecnológica y regulación legal.
Las autoridades han dejado claro que no están dispuestas a permitir el manejo indiscriminado de datos biométricos sin salvaguardas adecuadas. Este caso sirve para sentar un precedente crucial en la forma en que el mundo abordará la intersección entre criptomonedas, identidad digital y protección de datos personales en el futuro cercano, especialmente en mercados emergentes que buscan equilibrar desarrollo tecnológico con derechos fundamentales.
