En un movimiento sin precedentes dentro del panorama económico y financiero estadounidense, el estado de Nuevo Hampshire ha aprobado una ley que permite la creación de una reserva estratégica en criptomonedas utilizando fondos públicos. Esta iniciativa constituye la primera vez que un gobierno estatal en Estados Unidos autoriza formalmente la inversión en activos digitales como Bitcoin, impulsando un cambio significativo en la percepción institucional sobre las criptomonedas y su potencial como instrumento de inversión y reserva de valor. La gobernadora Kelly Ayotte, perteneciente al partido republicano y en su primer año en el cargo, firmó la legislación el 6 de mayo de 2025. Esta norma autoriza que hasta un 5% de los fondos públicos del estado puedan invertirse en criptomonedas que cumplan con ciertos criterios, entre los cuales destaca la capitalización de mercado, que debe ser igual o superior a 500 mil millones de dólares estadounidenses. Actualmente, este requisito solo es cumplido por Bitcoin, posicionándolo como el único criptoactivo elegible para dicha inversión.
El contexto que rodea esta medida denota un cambio paradigmático en la política financiera pública. Mientras otras entidades gubernamentales han expresado reparos sobre la volatilidad y riesgos asociados con los activos digitales, Nuevo Hampshire apostó por la innovación y la diversificación de sus reservas. El establecimiento de una reserva en Bitcoin representa un acto pionero, que puede sentar las bases para futuras estrategias de inversión pública en criptomonedas a nivel estatal y federal. La decisión se adopta en un momento donde el mercado de criptomonedas ha mostrado signos de recuperación y crecimiento, con Bitcoin alcanzando un precio aproximado de 97,000 dólares y una ganancia notable durante el año en curso. Este contexto favorable contribuye a que la iniciativa de Nuevo Hampshire sea vista no solo como un experimento, sino como una apuesta estratégica basada en tendencias emergentes globales de diversificación financiera.
Vale destacar que Nueva Hampshire no es el único estado que evaluó esta posibilidad, pero sí el primero en implementarla formalmente. Otros estados como Arizona y Florida también discutieron propuestas para crear reservas en criptomonedas, pero finalmente rechazaron estas iniciativas debido a preocupaciones relacionadas con la volatilidad inherente a los activos digitales y el potencial riesgo que podría representar para los fondos públicos y pensiones estatales. En Arizona, por ejemplo, el gobernador vetó recientemente una legislación aprobada en la Cámara de Representantes estatal, argumentando que la exposición a las criptomonedas representaba un riesgo excesivo para los fondos públicos. Florida también se mantuvo firme en su rechazo, a pesar de una fuerte presión de grupos lobby que promovían la inversión en activos digitales. No obstante, la aprobación en Nuevo Hampshire no solo modifica las reglas para ese estado, sino que también podría acelerar la discusión a nivel federal.
En el pasado, el entonces presidente Donald Trump expresó públicamente su interés en que el gobierno federal estableciera una reserva oficial de Bitcoin y un stock de activos criptográficos, aunque hasta la fecha el Departamento del Tesoro estadounidense todavía evalúa la viabilidad y riesgos de dicha propuesta. Desde una perspectiva económica, la creación de una reserva estatal en Bitcoin puede considerarse una estrategia de diversificación de activos que busca proteger el valor de los fondos públicos frente a la inflación y la depreciación del dólar. Bitcoin, con su oferta limitada y descentralizada, es frecuentemente considerado como una reserva de valor alternativa que tradicionalmente ha sido insensible a políticas monetarias expansivas. Sin embargo, la naturaleza volátil y regulatoriamente incierta de las criptomonedas también genera desconfianza. Los críticos señalan que la exposición a estos activos puede provocar pérdidas significativas en caso de caídas bruscas del mercado, lo cual podría impactar negativamente en los servicios públicos y programas financiados por estos fondos.
Además, la ausencia de un marco jurídico federal consolidado sobre criptomonedas añade complejidad a la gestión institucional de dichos activos. En respuesta, los defensores del proyecto en Nuevo Hampshire argumentan que la inversión limitada del 5% es prudente y busca un equilibrio entre aprovechar las oportunidades del mercado cripto y mitigar los riesgos asociados. Además, señalan que este movimiento puede estimular la economía local, atraer inversiones tecnológicas y posicionar al estado como un hub innovador en el ecosistema blockchain. Este histórico paso también ha generado discusión sobre el futuro de las finanzas públicas y la integración de tecnologías disruptivas. La adopción de una reserva pública en criptomonedas podría incentivar a otros gobiernos estatales y municipales a explorar opciones similares, motivados por la búsqueda de modernización financiera y mayores rendimientos en sus carteras de inversión.
El impacto en el mercado de criptomonedas es relevante, ya que la legitimación a nivel estatal agrega confianza y credibilidad a estos activos, contribuyendo a su consolidación como instrumentos financieros convencionales. Asimismo, la medida podría fomentar un mayor interés institucional en la tecnología blockchain y sus aplicaciones, desde la trazabilidad financiera hasta la gestión transparente de activos públicos. Aunque el futuro es incierto, la iniciativa de Nuevo Hampshire marca sin duda un antes y un después en la relación entre los gobiernos y las criptomonedas en Estados Unidos. En los próximos años será clave observar cómo evoluciona esta estrategia, qué resultados financieros se obtienen y si otros estados emulan este enfoque. En resumen, la aprobación de la reserva en Bitcoin por parte del estado de Nuevo Hampshire representa un hito histórico en el ámbito de las finanzas públicas y la adopción de criptomonedas.
Implica un reconocimiento oficial del valor potencial de los activos digitales, abre la puerta a nuevas formas de gestión financiera pública y plantea preguntas fundamentales sobre riesgo, regulación e innovación en la era digital. El camino hacia una integración más profunda de las criptomonedas en la economía institucional estadounidense parece haberse iniciado con la valiente apuesta de Nuevo Hampshire, que podría marcar la pauta para una transformación significativa en la manera en que los gobiernos administran sus reservas y patrimonios en el futuro.
