En el dinámico y a menudo complejo universo de las criptomonedas, la regulación y supervisión de servicios relacionados continúan generando debates intensos y disputas legales que repercuten en toda la industria. Uno de los casos más recientes y controvertidos es el de Samourai Wallet, un monedero digital reconocido por ofrecer funciones de privacidad avanzadas. La empresa y sus fundadores han acusado a las autoridades federales de Estados Unidos por ocultar información crucial que podría haber permitido limpiar a su mezclador de criptomonedas de los cargos que enfrentan. Samourai Wallet es conocido por su enfoque en la privacidad y la seguridad, ofreciendo un servicio no custodial que no retiene control directo sobre los fondos de los usuarios, sino que les permite administrar sus claves privadas. La esencia de su mezcla criptográfica radica en anonimizar las transacciones mediante la mezcla de monedas digitales para dificultar el rastreo en la cadena de bloques, una función que ha sido objeto de escrutinio legal y regulatorio a nivel mundial.
El conflicto legal emergió cuando en febrero de 2024 los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Hill, fueron acusados formalmente de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y de conspiración para lavado de dinero. Las acusaciones detallaban que el mezclador había facilitado el lavado de más de 100 millones de dólares a través de más de 2 mil millones en transacciones presuntamente ilícitas, vinculadas a mercados oscuros y estafas. Sin embargo, la defensa ha presentado una firme oposición a estos cargos, apoyándose en comunicaciones obtenidas meses antes de la acusación formal. Según una carta entregada al tribunal federal de Manhattan el 5 de mayo de 2025, los abogados de los fundadores alegaron que durante conversaciones previas con integrantes de FinCEN —la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense— los mismos funcionarios confirmaron a los fiscales que Samourai Wallet no necesitaba licencia para operar, ya que no cumplía con la definición de "negocio de servicios monetarios". El argumento central de la defensa es que, al ser una plataforma no custodial que no controla directamente las llaves privadas ni los activos de sus usuarios, Samourai no encaja dentro del marco regulatorio tradicional para servicios de transmisión monetaria.
Esta categoría generalmente incluye empresas que custodializan o controlan directamente los fondos, algo que los abogados sostienen que Samourai no hace. Para profundizar en esta cuestión, es importante entender cómo define FinCEN los "money services businesses" (MSBs) y cómo se aplican esas definiciones en el contexto de tecnologías nuevas y descentralizadas como las carteras no custodiales y mezcladores de criptomonedas. La incertidumbre regulatoria ha sido una constante, ya que las agencias rechazan a menudo esclarecer con exactitud cómo se deben tratar estas innovaciones financieras bajo normas existentes. La controversia se intensificó aún más cuando los abogados de Samourai revelaron que la fiscalía había ocultado esta información clave, que podría haber cambiado radicalmente el rumbo del caso. Veintiún meses después de que FinCEN confirmara que no era necesario que Samourai operase con licencia, los fiscales procedieron a formalizar los cargos contra los fundadores, sin haber divulgado oportunamente esta comunicación al equipo defensor, una violación que podría llevar a la anulación de las acusaciones.
La ocultación de esta información durante un largo período representa una supuesta falta de transparencia y compromete la equidad del proceso judicial. El equipo legal de Samourai solicitó una audiencia para examinar las razones del retraso en la divulgación, en busca de un remedio adecuado. Si el gobierno se niega a desechar el caso, la defensa está preparada para renovar su petición de desestimiento, argumentando que las acusaciones se basaron en una interpretación errónea de las regulaciones y sin notificación justa. Más aún, la defensa citó un mémorandum emitido recientemente por el Subprocurador General Todd Blanche, fechado el 7 de abril de 2025, que establece que el Departamento de Justicia dejará de perseguir penalmente a los mezcladores de criptomonedas por violaciones regulatorias. Este cambio de política pone en tela de juicio la continuidad del caso de Samourai, aumentando la presión sobre las autoridades para reconsiderar las cargas legales con las que se enfrenta la plataforma.
El impacto potencial de esta disputa trasciende el destino de Samourai Wallet y sus fundadores. Asimismo, es un barómetro de cómo la justicia estadounidense podrá manejar casos similares de tecnología financiera descentralizada en el futuro. Muchos desarrolladores de servicios no custodiales y mezcladores criptográficos observan con atención, conscientes de que un resultado favorable a Samourai podría sentar un precedente importante para su propia seguridad jurídica. Además, el caso refleja el debate vigente entre la necesidad de prevenir delitos financieros, como el lavado de dinero y la financiación ilícita, y el derecho a la privacidad y autonomía que promueven las tecnologías descentralizadas. La interacción entre reguladores, desarrolladores y usuarios de criptomonedas sigue siendo turbulenta, y la claridad regulatoria se vislumbra como una prioridad para evitar conflictos legales prolongados y costosos.
FinCEN, por su parte, ha intentado aclarar las guías para los servicios relacionados con criptomonedas, pero aún persisten lagunas interpretativas, particularmente en relación con el estatus de plataformas que no custodian activos, sino que facilitan operaciones entre usuarios. La postura oficial comunicada a los fiscales, que Samourai probablemente no califica como un MSB, constituye un dato clave que, según la defensa, el gobierno debería haber respetado para ajustar su estrategia judicial. Las autoridades federales han argumentado que a pesar de la condición no custodial, Samourai podría ser imputado por control funcional sobre las transacciones. Sin embargo, esta afirmación carece de respaldo firme en las directrices regulatorias vigentes y es vista como una interpretación débil por parte de los funcionarios de FinCEN que participaron en la revisión. El debate sobre la definición de "control funcional" y su aplicabilidad a plataformas no custodiales como Samourai se encuentra ahora en el foco de la discusión judicial.
