En enero de 2024, Fujitsu, la multinacional japonesa de servicios tecnológicos, sorprendió al mundo de las licitaciones públicas del Reino Unido al anunciar una pausa en su participación en nuevas licitaciones del sector público. Esta decisión estuvo motivada por el impacto del escándalo conocido como Horizon, una crisis tecnológica que desencadenó una de las mayores injusticias legales en la historia reciente británica. Las reverberaciones del caso, junto con la presión pública y la atención mediática, impulsaron a Fujitsu a comprometerse públicamente a no presentar ofertas competitivas ante nuevos clientes gubernamentales mientras se desarrollara la investigación oficial. Sin embargo, ¿qué pasó realmente con sus promesas? ¿Cumplieron con su palabra o la realidad fue distinta? Para entender mejor este capítulo, es necesario desglosar el contexto y los acontecimientos posteriores que pusieron en entredicho la credibilidad de Fujitsu. El escándalo Horizon se originó alrededor del software de gestión desarrollado por Fujitsu para el sistema del servicio postal del Reino Unido, el cual fue utilizado durante años para contabilizar transacciones y administrar las operaciones de las oficinas de correos.
El fallo del sistema dio lugar a errores que se interpretaron erróneamente como fraudes por parte de numerosos subpostmasters, quienes fueron injustamente acusados y, en muchos casos, condenados por delitos que no cometieron. Lo que comenzó como un problema técnico se transformó en una crisis legal y social sin precedentes, que motivó una investigación pública y un clamor social para la rendición de cuentas de todas las partes involucradas. Fujitsu, como responsable del software Horizon, tuvo que afrontar críticas notorios por la manera en que gestionó la situación, sin contar con una comunicación transparente y efectiva en las primeras etapas del escándalo. Como respuesta a la creciente presión, el director de Fujitsu Services Ltd, Paul Patterson, envió un correo electrónico a la división comercial del gobierno británico en enero de 2024, anunciando que la empresa pausarían activamente su participación en nuevas licitaciones del sector público. Según afirmó en esta comunicación, Fujitsu se comprometería a no presentar ofertas a nuevos clientes de gobierno hasta que la investigación pública sobre el escándalo Horizon concluyese.
Esta medida fue anunciada como un acto de responsabilidad corporativa y una muestra de respeto hacia las instituciones públicas y el público afectado por la crisis del software. Sin embargo, una inspección posterior reveló que, contrariamente a lo anunciado, Fujitsu no cesó por completo su participación en licitaciones nuevas. A pesar de la promesa, la empresa estaba inmersa en una contienda para adjudicarse un contrato de £125 millones (unos 166 millones de dólares) con el Departamento de Finanzas de Irlanda del Norte para el Servicio de Tierras y Propiedades. Este contrato pretendía reemplazar un sistema de registro de tierras anticuado y fue adjudicado a Fujitsu, marcando una victoria significativa para la compañía, meses después de que se hiciera público su compromiso de no participar en nuevas adjudicaciones públicas. Ante las preguntas generadas por esta aparente contradicción, Fujitsu aclaró que el proceso de licitación para el acuerdo en Irlanda del Norte había comenzado en 2022, mucho antes de la declaración pública de la pausa en enero de 2024.
La empresa señaló que su compromiso estaba orientado a no iniciar nuevas licitaciones, pero no incluía necesariamente suspender todos los procesos de licitación en marcha. Esta distinción semántica y procedimental fue la base para que continuaran solicitando contratos aunque algunos cuestionaran si eso cumplía con el espíritu de su anunciado compromiso. Además, la carta del jefe del sector público de Fujitsu en el Reino Unido, Dave Riley, reconocía ciertas excepciones a la pausa en las licitaciones gubernamentales, permitiendo a la empresa presentar ofertas cuando se tratara de recontrataciones o extensiones de contratos existentes con clientes gubernamentales. No obstante, el contrato con Irlanda del Norte no encajaba en estas excepciones, lo que desató interrogantes sobre la coherencia y transparencia de la estrategia comercial de Fujitsu. El contraste entre las promesas públicas y las acciones posteriores provocó desconfianza en diversos sectores, especialmente entre aquellos afectados directamente por el escándalo Horizon y los defensores de la ética en la contratación pública.
Para el ciudadano común y público en general, la cuestión radicaba en la percepción de un doble estándar: una compañía que había causado un daño significativo y que se comprometía a actuar con responsabilidad, pero que al final seguía compitiendo activamente por contratos millonarios con gobiernos. Paralelamente, la realidad económica y la naturaleza compleja y prolongada de los procesos de licitación pública también explican en parte los movimientos de Fujitsu. Presentar ofertas y licitar contratos en el sector público requiere un despliegue considerable de recursos humanos, técnicos y financieros. Interrumpir abruptamente estas actividades podría implicar pérdidas millonarias y riesgos significativos para la empresa, que ya enfrentaba una crisis reputacional. Por ello, se entiende que para Fujitsu, y seguramente para otros proveedores en situaciones similares, hubo una tensión entre la responsabilidad corporativa expresada públicamente y las realidades comerciales internas.
Es importante destacar además que, a pesar de la controversia, Fujitsu continúa siendo un proveedor esencial del sector público británico, acumulando contratos de gran valor. La extensión del contrato Horizon por valor de £2.44 mil millones confirma que el gobierno sigue confiando en sus servicios para gestionar infraestructura tecnológica clave, aun con el historial complicado. Esto pone de manifiesto la dependencia que muchas administraciones públicas tienen sobre proveedores tecnológicos consolidados, independientemente de los antecedentes controversiales. Este caso también revela cómo los procesos administrativos y las regulaciones de contratación pública pueden ser utilizados para justificar decisiones polémicas.
Por ejemplo, el Departamento de Finanzas de Irlanda del Norte defendió la adjudicación de contrato a Fujitsu señalando que se ajustó a la legislación vigente, sin aclarar si aprobaron formalmente que la empresa continuara participando en licitaciones nuevas después del anuncio público de pausa. Esta falta de claridad alimenta la percepción de un sistema opaco y de complicidades administrativas que benefician a determinados proveedores estratégicos. El escándalo Horizon y la gestión posterior por parte de Fujitsu representan también una llamada de atención para gobiernos y organismos de contratación sobre la importancia de establecer reglas claras y efectivas para la gestión de crisis éticas, suspendiendo o regulando mejor la participación de proveedores en situaciones de conflicto reputacional. La falta de coherencia entre las declaraciones y hechos puede dañar la confianza ciudadana y afectar negativamente la imagen institucional. En resumen, la historia de Fujitsu y sus promesas de no participar en nuevas licitaciones del sector público tras el escándalo Horizon refleja la compleja interacción entre moral corporativa, presiones comerciales y burocracia gubernamental.
Las promesas hechas en términos absolutos sufrieron excepciones y matices que, aunque legales, supusieron un distanciamiento con el compromiso ético expresado públicamente. La capacidad de Fujitsu para seguir obteniendo contratos multimillonarios pese a la controversia también ilustra la dependencia de las administraciones en proveedores tecnológicos consolidados, una realidad que plantea la necesidad de mecanismos más transparentes y responsables que aseguren un equilibrio entre la eficiencia, el cumplimiento ético y la justicia social. Este caso destaca la necesidad de una vigilancia constante por parte de medios, auditores y sociedad civil, quienes deben exigir transparencia y coherencia a las empresas que trabajan con los recursos públicos y afectan directamente la vida de los ciudadanos. La historia de Fujitsu sirve como un recordatorio de que, más allá de las promesas y comunicados oficiales, las acciones concretas y las decisiones reales en los contratos públicos son las que finalmente construyen o destruyen la confianza pública.
