Nuevo Hampshire avanza con la ley para inversión estatal en Bitcoin y metales preciosos

En un momento clave para la adopción de criptomonedas en el ámbito gubernamental, el estado de Nuevo Hampshire avanza con su legislación para permitir que los fondos públicos puedan invertirse en Bitcoin y metales preciosos. El proyecto de ley House Bill 302 (HB302) superó recientemente una importante etapa al recibir una recomendación favorable en su segundo comité del Senado, acercándolo a una posible aprobación definitiva. Esta iniciativa representa un avance significativo en la exploración por parte de estados de Estados Unidos para integrar activos digitales como parte de su estrategia financiera. El camino legislativo de HB302 ha sido intenso y caracterizado por un debate significativo entre sus partidarios y opositores. Introducida en enero, la propuesta ha superado ya cuatro etapas legislativas cruciales.

Originalmente recibió un sólido respaldo en el Comité de Comercio y Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes con un voto de 16 a 1. Posteriormente, el pleno de la Cámara aprobó el proyecto en una votación ajustada de 192 a 179. Tras ser remitido al Senado, el proyecto fue evaluado nuevamente y obtuvo una recomendación positiva de 4 a 1 en un segundo comité, lo que le permite avanzar a una votación completa en la cámara alta. El HB302 busca habilitar al tesorero estatal para invertir hasta un 10% de los fondos públicos provenientes del fondo general y otras fuentes autorizadas en activos selectos. Las opciones de inversión incluirían metales preciosos y activos digitales que superen una capitalización de mercado de 500 mil millones de dólares, un criterio actualmente cumplido únicamente por Bitcoin.

De esta manera, la estrategia estatal se orienta a combinar la estabilidad y valor tradicional de los metales preciosos con el potencial de crecimiento que ofrece la criptomoneda más reconocida del mercado. El proyecto también considera cuidadosamente las medidas de custodia segura para estos activos, contemplando opciones que van desde la gestión directa por parte del estado hasta el uso de custodios calificados o productos negociados en bolsa (ETPs). Esta variedad pretende garantizar tanto la seguridad de las inversiones como la flexibilidad operativa necesaria para manejar activos digitales, que a menudo requieren protocolos distintos a los de los instrumentos financieros convencionales. Este movimiento legislativo ha provocado debates encendidos en la escena política local. Un sector, liderado por la representante demócrata Terry Spahr, expresó preocupación respecto a la seguridad y estabilidad que estas inversiones podrían ofrecer a largo plazo, cuestionando la necesidad de incorporar Bitcoin en las reservas estatales.

El temor radica en la volatilidad inherente a las criptomonedas y el riesgo que podrían suponer para los fondos públicos que impactan en el bienestar general. Por otro lado, voces como la del representante republicano Jordan Ulery resaltan el potencial económico que la adopción de Bitcoin podría traer. Ulery argumenta que esta iniciativa abre una posibilidad notable para que el estado genere ingresos significativos a través de estas inversiones innovadoras, diversificando su portafolio más allá de los activos tradicionales y posicionándose a la vanguardia de la revolución financiera digital. El avance de HB302 en Nuevo Hampshire no ocurre en un vacío, sino que forma parte de un movimiento más amplio de estados en Estados Unidos que buscan experimentar con políticas orientadas al uso de activos digitales. Junto con Arizona y Texas, que ya han aprobado leyes similares en alguna de sus cámaras legislativas, Nuevo Hampshire podría convertirse en el tercer estado en consolidar una estrategia oficial para constituir una reserva en Bitcoin.

Además, el estado está considerando otras propuestas legislativas relacionadas con blockchain y criptomonedas, como el HB310, que aborda temas sobre stablecoins y activos tokenizados del mundo real, y el HB639, que propone regulaciones sobre blockchain. Este conjunto de iniciativas refleja el interés creciente en adaptar marcos regulatorios y financieros al nuevo ecosistema digital, buscando equilibrar innovación con protección y cumplimiento. A nivel nacional, la tendencia hacia la integración de activos digitales en las finanzas estatales demuestra cómo gobiernos locales intentan aprovechar las potencialidades del mercado cripto para diversificar sus ingresos y modernizar sus estructuras financieras. La volatilidad del Bitcoin, si bien es un punto de preocupación, también es vista como una oportunidad para beneficiarse de un activo que ha mostrado un crecimiento impresionante desde su creación. La adopción formal de criptomonedas en reservas estatales no solo tiene implicaciones económicas, sino también simbólicas.

Representa una señal clara de aceptación y legitimidad hacia este tipo de activos, lo que podría incentivar a otras entidades públicas y privadas a explorar inversiones en Bitcoin y tecnologías vinculadas. Al mismo tiempo, genera conversaciones importantes sobre seguridad, regulación y la mejor manera de proteger los intereses públicos en un entorno financiero que evoluciona rápidamente. A medida que Nueva Hampshire continúa su proceso legislativo, la votación en el pleno del Senado será crucial para determinar si la ley puede establecerse formalmente. De aprobarse, sería un referente para otros estados y un paso audaz que posicionaría a Nuevo Hampshire como un pionero en la incorporación de activos digitales en la administración pública. Este avance también plantea una oportunidad de aprendizaje para legisladores, funcionarios y ciudadanos, ya que deberán navegar un territorio poco explorado, con la necesidad de establecer protocolos claros y mecanismos de transparencia que aseguren el éxito de la implementación de estas inversiones.

En conclusión, la aprobación del proyecto HB302 en el comité del Senado de Nuevo Hampshire subraya el creciente interés por diversificar las inversiones estatales incluyendo Bitcoin y metales preciosos. Si bien enfrenta críticas y preocupaciones legítimas, representa una apuesta por la innovación financiera en el sector público, alineándose con tendencias globales que buscan integrar tecnologías disruptivas en la gestión gubernamental. La evolución de esta iniciativa será monitoreada de cerca tanto por entusiastas de las criptomonedas como por quienes abogan por una gestión pública responsable y segura.