En el panorama actual de la política y la información, la lucha contra la censura y la desinformación se ha convertido en un tema crucial para la sociedad. Sin embargo, un fenómeno preocupante ha emergido con fuerza: mientras un sector político denuncia la existencia de censura imaginaria, sus acciones terminan perjudicando gravemente investigaciones vitales contra la censura real y la manipulación informativa. Esta contradicción se ilustra claramente en el caso conocido como la 'caza de censores imaginarios' promovida por el grupo DOGE, que ha desencadenado la cancelación masiva de subvenciones dedicadas a la investigación sobre desinformación, censura y seguridad digital financiadas por la National Science Foundation (NSF) en Estados Unidos. La base de esta problemática radica en una profunda incomprensión y distorsión sobre el objetivo de la investigación en desinformación. Muchos partidarios del fenómeno DOGE equiparan cualquier estudio o programa enfocado en desinformación con intentos de censura, ignorando que el propósito real de estas investigaciones es combatir la censura, la manipulación externa y las tácticas maliciosas que comprometen la libertad de expresión y el acceso a información veraz.
La confusión y el discurso erróneo que equiparan la investigación con una conspiración para limitar la libertad hacen que estas iniciativas sean objeto de ataques y recortes presupuestarios. Un caso emblemático de estos recortes es la cancelación del prestigioso CAREER grant otorgado a la investigación del profesor Eric Wustrow, cuyo trabajo se centraba en 'Combatir la censura desde dentro de la red'. Contrario a lo que se podría pensar, el proyecto no promovía la censura, sino todo lo contrario: buscaba desarrollar tecnologías y estrategias para detectar y contrarrestar bloqueos injustificados y campañas de censura digital. Pero, en una muestra preocupante de análisis superficial, parece que la palabra "censura" fue suficiente para que esta importante investigación fuera eliminada. Además, otros proyectos cancelados abarcaban áreas como la mejora de la atribución y detección de campañas de influencia extranjera en redes digitales, el empoderamiento de verificadores de hechos y el uso de mercados para abordar la manipulación de información en línea.
Todos estos ámbitos son esenciales para mantener la integridad de la información y proteger a los ciudadanos de la desinformación y la censura real, especialmente en un contexto donde las campañas extranjeras y la polarización informativa afectan la democracia y el discurso público. El impacto de esta política no se limita a la pérdida inmediata de proyectos y recursos. También afecta a la posición estratégica de Estados Unidos como líder mundial en desarrollo tecnológico y protección de los derechos digitales. Limitar la investigación científica en estas áreas es sinónimo de abrir la puerta a que actores maliciosos, tanto internos como externos, puedan proliferar sin control. La censura real, entendida como el bloqueo sistemático de información o la manipulación autoritaria, puede crecer bajo el argumento falaz de proteger la "libertad de expresión" mientras se elimina el escrutinio necesario para detectarla y combatirla.
El contexto político juega un papel determinante. La administración actual, alineada con la narrativa promovida por DOGE, ha aprobado recortes drásticos en el presupuesto del NSF, eliminando alrededor del 55% de los fondos y reduciendo sustancialmente el personal. Esta drástica reducción presupuestaria y la eliminación de proyectos están relacionadas, una política que pareciera ignorar el valor científico y social de la investigación, especialmente cuando afecta temas sensibles como la censura y la desinformación, aunque se encubra bajo la idea de "reordenar prioridades". Incluso la renuncia del director de la NSF, Sethuraman Panchanathan, designado durante la gestión pasada y confirmado por el Senado, aparece como consecuencia directa del ambiente hostil hacia la institución. Su salida refleja el vacío que estas políticas dejan en el liderazgo científico y el debilitamiento institucional de un organismo clave para el desarrollo y financiamiento de la ciencia en Estados Unidos.
Resulta paradójico que mientras se predica la defensa a ultranza de la libertad de expresión, la realidad demuestre una erosión significativa en la capacidad científica para preservar esas libertades mediante investigaciones rigurosas. Los ataques a la investigación en desinformación y censura muestran un desprecio por la evidencia y la ciencia, favoreciendo una narrativa política simplista que no distingue entre combatir la censura y promoverla. La cancelación de proyectos titulados en funciones como investigar la censura interna o apoyar a fact-checkers también demuestra un desconocimiento de la complejidad del ecosistema informativo actual, donde la saturación de información falsa y manipulada representa una amenaza creciente. Sin estas investigaciones, los ciudadanos corren el riesgo de estar más expuestos a la propaganda y la censura genuina, sin herramientas tecnológicas o educativas para detectarlas ni enfrentarlas. En particular, los esfuerzos de alfabetización digital, que incluyen educar a la población para distinguir fuentes legítimas de noticias, entender el proceso de clasificación de documentos y detectar cuando un contenido ha sido manipulado o desinformado, han sido erróneamente catalogados por algunos actores como una forma de “censura”.
Esta falsa equivalencia ha llevado a la eliminación de programas que tenían por objetivo fortalecer la resiliencia informativa de la población, potencialmente dejando a la sociedad más vulnerable a influencias externas y campañas de desinformación. La narrativa que ha acompañado estas acciones se ha alimentado de desinformación y teorías conspirativas, incluyendo interpretaciones erróneas sobre los términos “declasificado” y “no clasificado” en documentos públicos relacionados con programas de alfabetización digital financiados por instituciones como USAID. Este tipo de confusiones ponen en evidencia la necesidad urgente de programas educativos y campañas informativas para mejorar la comprensión pública sobre los temas de seguridad digital y política informativa. En definitiva, la situación revela un ambiente donde la ignorancia y la manipulación política se combinan para restringir el progreso científico y tecnológico. Esta política no solo afecta a los investigadores y sus proyectos, sino que tiene un impacto dañino a largo plazo en la democracia, la libertad de expresión y la seguridad nacional.
La censura gubernamental verdadera, a diferencia de las falsas reivindicaciones, no es solo silenciar un punto de vista, sino el control sistemático que limita la diversidad informativa y el acceso a la verdad. La investigación para entender y combatir estas prácticas debe ser protegida y fomentada, frente a quienes buscan eliminarla bajo pretextos engañosos. La lucha contra la censura y la desinformación no puede reducirse a discursos simplistas o recortes arbitrarios. Implica un compromiso profundo con la ciencia, la educación, la tecnología y el respeto a los derechos fundamentales. El caso DOGE y sus consecuencias muestran que cuando la política interfiere sin entender el valor real de la investigación, todos perdemos.
Solo con inversión, apoyo a la comunidad científica y políticas fundamentadas se podrá avanzar en el desarrollo de herramientas efectivas para defender la libertad de expresión, fortalecer la alfabetización mediática y proteger la sociedad contra influencias dañinas y censura real. De lo contrario, la supuesta defensa contra censores imaginarios terminará permitiendo que los verdaderos censores prosperen sin ser cuestionados.
