En febrero de 2025, en el seno del Congreso de los Estados Unidos, fue introducida una propuesta legislativa que ha resonado profundamente en ámbitos políticos, diplomáticos y mediáticos a nivel global. Se trata del proyecto de ley H.R.1161, conocido también como la Ley Red, White, and Blueland de 2025, una iniciativa que plantea la autorización al presidente estadounidense para entablar negociaciones con el gobierno de Dinamarca con el propósito de adquirir Groenlandia. Además, contempla un cambio simbólico y de nomenclatura para la isla, renombrándola oficialmente como “Red, White, and Blueland”.
Esta idea, aunque inicialmente percibida como poco convencional, ha desatado una serie de reflexiones y debates en múltiples niveles geopolíticos y estratégicos. Groenlandia, la isla más grande del mundo que no es un continente, ha estado bajo la soberanía del Reino de Dinamarca durante centurias. Su geografía única, caracterizada por vastos glaciares, rica biodiversidad y un clima polar extremo, la convierte en un territorio de gran relevancia estratégica para cualquier potencia global. La propuesta legislativa de Estados Unidos evoca un escenario histórico donde grandes potencias han buscado expandir sus territorios mediante compras y negociaciones diplomáticas, como fue el caso de la compra de Luisiana o Alaska. No obstante, lo que resalta en este proyecto es también el renombramiento propuesto, un movimiento poco usual que plantea transformar el nombre de Groenlandia por uno que hace referencia directa a los colores de la bandera estadounidense: rojo, blanco y azul.
La Ley Red, White, and Blueland se origina en la introducción formal por parte del representante Earl L. “Buddy” Carter, de Georgia, un legislador republicano cuya iniciativa fue remitida para estudio e interpretación por los comités de Asuntos Exteriores y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. El documento busca principalmente dar la autoridad al presidente para comenzar negociaciones con el gobierno danés, lo cual implica un compromiso diplomático considerable, dado que Groenlandia es considerada un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, con un gobierno local y una identidad cultural muy arraigada. Desde la perspectiva política, la propuesta revela un interés manifiesto en reforzar la presencia geoestratégica estadounidense en el Ártico, región que ha cobrado vital importancia en las últimas décadas debido a los cambios climáticos y la apertura de nuevas rutas marítimas. La adquisición potencial de Groenlandia podría otorgar a Estados Unidos control sobre valiosos recursos naturales, puntos estratégicos militares y posicionamiento naval, elementos esenciales en el contexto de competencia global, especialmente ante la creciente influencia de potencias como China y Rusia en el Ártico.
Más allá de los aspectos de seguridad nacional y estrategia militar, la ley también invita a reflexionar sobre las dinámicas de soberanía territorial y el respeto a las comunidades originarias. Groenlandia está habitada mayoritariamente por el pueblo inuit, cuya cultura, idioma y tradiciones se han preservado durante siglos a pesar de la administración danesa. Una posible transferencia de dominio podría impactar profundamente en la identidad cultural, la política interna y los derechos de los residentes. Además, el cambio de nombre propuesto supone una transformación simbólica que podría ser vista como una imposición cultural y un acto de dominio asociado a la expansión estadounidense, lo cual podría generar resistencia social y política tanto local como internacionalmente. Desde el punto de vista internacional, esta iniciativa ha provocado reacciones variadas.
Algunos analistas ven la propuesta como un movimiento audaz y estratégico que busca cimentar la influencia estadounidense en una región clave, mientras que otros la consideran un anacronismo o una provocación innecesaria que podría afectar los equilibrios diplomáticos existentes. Dinamarca y Groenlandia han expresado tradicionalmente su interés por mantener el estatus actual, lo cual podría dificultar enormemente cualquier negociación encaminada a esta transferencia de soberanía. En términos prácticos, el texto de la ley detalla que cualquier referencia oficial en documentos, mapas o regulaciones federales de Estados Unidos que mencionen Groenlandia deberán ser modificadas para reflejar el nuevo nombre, “Red, White, and Blueland”, dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley. La supervisión de este cambio recae en el Secretario del Interior, que actuará a través del presidente de la Junta de Nombres Geográficos, organismo encargado de garantizar la coherencia y correcta aplicación de los nombres oficiales en el país. Este componente del proyecto refleja una voluntad de institucionalizar el cambio desde una perspectiva administrativa y formal, lo que a su vez implica una transformación a largo plazo en la forma en que se percibe y se relaciona Estados Unidos con Groenlandia.
Sin embargo, este tipo de modificaciones también deberían ocurrir dentro de un contexto en que la soberanía y la voluntad política de Groenlandia y Dinamarca fueran plenamente consensuadas, hecho que genera incertidumbre en el actual escenario. Aunque el proyecto está aún en su fase inicial y debe superar múltiples obstáculos en el proceso legislativo, su mera existencia sirve para subrayar la importancia estratégica creciente del Ártico en la agenda política internacional contemporánea. La competencia por recursos naturales, el control de rutas marítimas emergentes y la necesidad de adaptación ante el cambio climático colocan a Groenlandia en el centro de las miradas globales. Además, el discurso que rodea esta iniciativa enlaza con una narrativa más amplia sobre la política exterior estadounidense, donde la búsqueda de seguridad, recursos y proyección de poder se renueva constantemente en función de los desafíos y oportunidades internacionales. La introducción de un proyecto tan explícito respecto a la adquisición territorial también destaca la audacia de ciertas visiones políticas que plantean soluciones poco convencionales a problemas de seguridad y competencia global.
Por otro lado, esta ley ha reavivado debates sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional, aspectos clave a considerar en cualquier negociación de esta naturaleza. Las implicancias sociales, culturales y ambientales deben ser tomadas en cuenta, para evitar impactos negativos que puedan generar tensiones y conflictos en la región. En definitiva, el Acta Red, White, and Blueland de 2025 refleja un encrucijada interesante donde convergen intereses estratégicos, cuestiones diplomáticas, derechos culturales y aspectos simbólicos relacionados con la identidad nacional y territorial. Si bien su aprobación y puesta en práctica aún parecen lejanas debido a las múltiples complejidades que acarrea, resulta indudable que plantea un precedente y un debate acerca de cómo se definirá el futuro del Ártico y el papel de las grandes potencias en esa macroregión vital para el siglo XXI.
