La Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM), responsable de administrar las políticas y procesos de recursos humanos para más de dos millones de empleados civiles federales, se encontraba en una situación crítica debido a un sistema de gestión de recursos humanos fragmentado y obsoleto. Para enfrentar esta crisis, OPM decidió otorgar un contrato sin licitación a Workday, una empresa líder en software de recursos humanos en la nube, con el objetivo de modernizar su tecnología y cumplir con una serie de mandatos ejecutivos relacionados con la reestructuración de la fuerza laboral federal. Esta decisión, anunciada en mayo de 2025, vino en un contexto marcado por la congelación de contrataciones federales promovida por la administración Trump y la implementación de DOGE, una iniciativa dirigida a reducir el tamaño y los costos del servicio civil. DOGE, bajo el liderazgo de Elon Musk, puso una presión significativa en las agencias gubernamentales, particularmente en OPM, para optimizar la gestión del talento, recortar gastos y eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión. El sistema actual de recursos humanos de OPM había alcanzado un punto crítico de fallo, según documentó la agencia, ocasionando errores en nóminas, interrupciones en la gestión de beneficios y un incremento insostenible de trabajo manual para su personal.
Estos problemas se agravan ante la necesidad de disponer de datos en tiempo real para controlar procesos de contratación meritocrática y reestructuración rápida, de acuerdo con las directivas presidenciales. La decisión de optar por Workday sin abrir una licitación pública generó cierto debate, en parte porque la firma no tiene un historial impecable en proyectos gubernamentales. Casos anteriores en estados como Maine e Iowa demostraron dificultades en la implementación y problemas con cumplimiento de entregables, lo cual no pasó desapercibido para analistas y críticos de la gestión pública. Sin embargo, OPM justificó la elección argumentando que Workday había demostrado su capacidad de escalabilidad y experiencia en contratos con otros organismos federales como el Departamento de Energía, así como con grandes empresas privadas y Fortune 500. El contrato con Workday fue firmado por un año y valorado en aproximadamente 342,000 dólares, una cifra modesta si se compara con contratos anteriores de la empresa en el sector público, pero suficiente para comenzar la renovación del sistema antes de que se levantara la congelación de contrataciones prevista para julio de 2025.
Según OPM, continuar con el proceso de licitación tradicional habría retrasado la implementación entre seis y nueve meses, un costo temporal e institucional que la agencia no estaba dispuesta a asumir dada la presión política y la urgente necesidad de corregir errores críticos. Pese a estas razones oficiales, el contrato fue cancelado sorpresivamente poco después de su anuncio, sin que se dieran explicaciones claras al público o a la prensa. La cancelación figura en documentos oficiales como una terminación “por conveniencia”, y no está claro si OPM planea reabrir la licitación a otros proveedores o si la idea de modernización ha sido pausada o desechada debido a restricciones presupuestarias o cambios en las prioridades políticas. Este desenlace refleja las complejidades inherentes a las contrataciones públicas relacionadas con sistemas tecnológicos en el sector gubernamental, donde la intersección entre presiones políticas, limitaciones presupuestarias y el riesgo elevado tecnológico puede derivar en retrasos, cancelaciones o proyectos fallidos. Workday, mientras tanto, continúa afirmando su compromiso con la modernización del sector público, aunque no ha aclarado la situación actual respecto a OPM ni ha comentado sobre futuras posibilidades de colaboración.
De igual forma, OPM mantiene silencio sobre el futuro de su transformación digital en recursos humanos, en medio de un clima político y operativo que sigue siendo volátil. El caso de OPM y Workday es revelador de la dificultad para adaptar organizaciones gigantescas y complejas al ritmo acelerado de la transformación digital. A pesar de contar con recursos y liderazgo, el gobierno federal enfrenta retos estructurales que impiden la rápida adopción de tecnologías eficientes y modernas. El deterioro de los sistemas actuales y la imposición de reformas desde la administración presidencial plantean un entorno en el que los errores en nóminas, beneficios y gestión pueden tener consecuencias severas para los empleados y para la confianza pública. Otra dimensión importante es el papel que iniciativas como DOGE juegan en la evolución de los recursos humanos federales.
La combinación de objetivos políticos de reducción del tamaño del gobierno y reorganización administrativa presiona a los proveedores de tecnología y a las agencias para actuar con rapidez, a menudo sacrificando procesos competitivos o evaluaciones detalladas que son la base habitual en las contrataciones públicas. El resultado puede ser una adopción apresurada de tecnologías que aún no han demostrado plenamente su eficacia en el sector público, o en casos contrarios, la paralización de proyectos vitales para la gestión administrativa y operacional de la fuerza laboral federal. La historia reciente deja claro que un equilibrio entre agilidad y transparencia es imprescindible para lograr resultados satisfactorios y sostenibles. Por otra parte, la experiencia de otros estados con Workday presenta una advertencia sobre los riesgos de las implementaciones de sistemas en el sector público. Los problemas técnicos y la falta de cumplimiento de metas, documentados en Iowa y Maine, generan dudas sobre la capacidad de la empresa para manejar proyectos críticos en entornos gubernamentales, donde los errores pueden impactar a millones de personas.
La transición hacia un sistema unificado y moderno que reduzca la dependencia de procesos manuales y minimice errores es más que un cambio tecnológico: es un proceso de transformación institucional que necesita respaldo político, claridad en la contratación, capacitación adecuada y una evaluación constante. En conclusión, la experiencia reciente de la OPM con el contrato otorgado a Workday, su posterior cancelación y la incertidumbre que rodea esta decisión evidencian los retos multifacéticos que enfrenta la digitalización del gobierno estadounidense. La eficiencia administrativa, el cumplimiento de mandatos presidenciales y la garantía de servicios confiables para los empleados públicos dependen de encontrar proveedores capaces de ofrecer soluciones tecnológicas escalables y adaptadas a las complejidades del sector público, pero también requieren procesos transparentes y coordinados con visión de largo plazo. El camino hacia la modernización digital de los recursos humanos federales es incierto, pero indispensable para el futuro funcionamiento efectivo de la administración pública en Estados Unidos.
