En un movimiento significativo para el panorama cripto de Estados Unidos, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha decidido vetar dos proyectos de ley cruciales relacionados con las criptomonedas, mientras que simultáneamente firmó una nueva legislación que regula estrictamente el funcionamiento de los cajeros automáticos de Bitcoin en el estado. Estas acciones reflejan una postura cautelosa y regulada hacia el crecimiento e integración de las monedas digitales en la economía local. Los proyectos de ley vetados estaban diseñados para posicionar a Arizona como un actor innovador en la adopción de criptomonedas. El primero, Senado Bill 1373, pretendía establecer un Fondo Estratégico de Reservas de Activos Digitales que permitiría al estado almacenar criptomonedas obtenidas a través de decomisos o asignaciones legislativas. Sin embargo, la gobernadora expresó reservas sobre la volatilidad inherente de los criptomercados y la posibilidad de poner en riesgo los fondos generales del estado.
Hobbs argumentó que, aunque se han aprobado otras leyes que permiten al estado usar criptomonedas, exponer fondos públicos a la volatilidad del mercado era imprudente en este momento. De manera similar, el Senado Bill 1025, conocido como la Ley Estratégica de Reserva Bitcoin de Arizona, proponía una medida aún más audaz, autorizando hasta un 10 % de los fondos del tesoro y de jubilación del estado para invertir en Bitcoin y otros activos digitales. Su objetivo era diversificar las reservas estatales y posicionar a Arizona a la vanguardia de una economía digital en evolución. Sin embargo, la gobernadora también vetó esta propuesta, citando riesgos asociados con la volatilidad y la incertidumbre regulatoria que todavía rodean a las criptomonedas a nivel global. Chanques datos de bitcoinlaws.
io indican que 26 estados en Estados Unidos han presentado proyectos para establecer reservas estratégicas en criptomonedas, con 18 de ellos actualmente activos. Sin embargo, Arizona ha decidido tomar un camino más cauteloso, poniendo como prioridad la estabilidad financiera del estado. Por otro lado, la gobernadora Hobbs también vetó un tercer proyecto, el Senado Bill 1024, que habría permitido a las agencias estatales aceptar pagos en criptomonedas por impuestos, multas y otros cargos mediante proveedores de servicios aprobados. Aunque el proyecto incluía mecanismos para proteger al estado contra la volatilidad directa, Hobbs consideró que aún representaba un riesgo demasiado elevado para las finanzas públicas. El veto a estos proyectos indica que, aunque existe interés en las criptomonedas, la administración actual de Arizona mantiene reservas respecto a la integración acelerada de activos digitales en estructuras financieras estatales.
Sin embargo, la gobernadora mostró una postura más favorable hacia la regulación y supervisión del uso de criptomonedas, particularmente en relación con los cajeros automáticos de Bitcoin. El 12 de mayo, firmó la Ley de la Cámara 2387, que introduce nuevas normas de protección del consumidor para los operadores de estos kioscos en Arizona. La legislación obliga a que los cajeros automáticos de criptomonedas exhiban advertencias claras y multilingües acerca de las estafas comunes en el mundo cripto, asegurando que los usuarios reconozcan estos riesgos antes de concretar cualquier transacción. Esta medida apunta a aumentar la transparencia y evitar fraudes frecuentes que afectan a usuarios menos experimentados. Además, la ley exige que los operadores proporcionen recibos detallados que incluyan la información de la transacción, datos de contacto, tarifas aplicadas y políticas de reembolso.
El objetivo es ofrecer al usuario un marco claro de sus derechos y obligaciones en cada operación. Una de las partes más destacadas de esta legislación es el establecimiento de límites en las cantidades que pueden ser transaccionadas: para clientes nuevos, el tope máximo diario es de 2,000 dólares, mientras que los usuarios habituales pueden operar hasta 10,500 dólares por día después de 10 días de uso. Estas restricciones buscan minimizar el riesgo de pérdidas significativas en caso de estafa o error. También se obliga a los proveedores a ofrecer servicio al cliente gratuito las 24 horas, con líneas telefónicas visibles en cada máquina, facilitando el acceso a soporte en tiempo real. En caso de que un cliente sea víctima de fraude y reporte el incidente con pruebas en un plazo no mayor a 30 días, la ley garantiza un reembolso completo, incluyendo las tarifas asociadas.
Este nuevo nivel de protección busca fomentar la confianza del usuario en el uso de criptomonedas y reducir la desconfianza que ha caracterizado a estos servicios en el pasado. Actualmente, según información de CoinATMRadar, existen 20 cajeros automáticos de Bitcoin activos en Arizona, lo que significa que esta regulación afectará directamente a una parte considerable del ecosistema local de criptomonedas. Cabe destacar que, a pesar de los vetos, la gobernadora no ha descartado completamente el uso y adopción de activos digitales a nivel estatal. Recientemente, firmó la Ley de la Cámara 2749, que actualiza las leyes de propiedad no reclamada de Arizona para incluir activos digitales. Esto permite que el estado retenga criptomonedas no reclamadas en su forma digital, evitando su conversión inmediata a moneda fiduciaria.
Este paso refleja una visión pragmática sobre el manejo de bienes digitales y muestra una apertura gradual a la incorporación ordenada y regulada de las criptomonedas en el marco legal y financiero estatal. Las acciones de Arizona en este ámbito son representativas de la compleja relación que gobiernos y reguladores mantienen con las criptomonedas en la actualidad. Por un lado, se reconoce el potencial innovador y económico de las monedas digitales, pero por el otro, existe preocupación sobre los riesgos asociados, especialmente en términos de volatilidad, seguridad y fraude. El veto a las iniciativas de reserva estratégica y aceptación directa de criptomonedas para pagos estatales subraya la cautela que caracterizará probablemente la aproximación de otras jurisdicciones en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la regulación enfocada en la protección del consumidor en los cajeros automáticos muestra un avance hacia la creación de marcos legales que permitan la convivencia segura y transparente con tecnologías disruptivas.
