En un giro controvertido en la política migratoria estadounidense, la administración de Donald Trump implementó una estrategia poco convencional para reducir la población migrante indocumentada en el país: ofrecer un pago de 1,000 dólares a quienes decidan auto-deportarse mediante el uso de una aplicación gubernamental. Esta iniciativa, anunciada oficialmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en mayo de 2025, representa un intento por parte del gobierno de promover la salida voluntaria como un método más económico y presuntamente digno comparado con los procedimientos tradicionales de detención y deportación. El contexto de esta medida se enmarca en la prolongada y siempre polémica discusión sobre la migración y el control fronterizo en Estados Unidos. El costo oficial por arrestar, detener y procesar a un migrante para su expulsión supera los 17,000 dólares, según destacó el DHS para justificar la nueva propuesta económica. La oferta de un pago directo busca incentivar el retorno voluntario, evitando procesos legales prolongados y la eventual confrontación con las autoridades migratorias.
El diseño de la iniciativa se basa en la utilización de la aplicación CBP Home, una herramienta digital creada originalmente bajo la administración Biden como CBP One. Esta plataforma permite a los migrantes gestionar y planificar su regreso ordenado y legal a sus países de origen. Entre los servicios que ofrece están la reservación de boletos de viaje y la asistencia para obtener documentos necesarios para el retorno. Según la información oficial, una vez que el proceso de auto-deportación es aprobado, la salida del país suele realizarse en un período aproximado de tres semanas. El DHS ha tratado de colocar esta política como un método que respeta la dignidad de los migrantes, resaltando que al optar por la auto-deportación, las personas pueden evitar el contacto directo con agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas), lo que para algunos podría significar una experiencia menos traumática.
Además, aquellos que manifiesten su intención de abandonar el país mediante la aplicación serán “despriorizados” en los procesos de detención y deportación, siempre que demuestren avances significativos en completar su salida. Sin embargo, la medida ha generado preocupación y críticas importantes, principalmente de organizaciones de defensa de derechos migratorios y abogados especializados. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) alertó sobre la naturaleza potencialmente engañosa de la oferta monetaria, señalando que podría dar una falsa impresión de que no existen consecuencias legales futuras para quienes acepten el incentivo. En particular, se enfatiza que aceptar el pago y regresar voluntariamente puede implicar serios obstáculos para obtener autorizaciones de regreso o solicitar asilo en un futuro. La AILA también ha denunciado que incluso algunos funcionarios judiciales de inmigración han promovido la idea de la auto-deportación sin proporcionar la debida asesoría legal, especialmente en casos donde los migrantes estaban en medio de procesos de asilo o procedimientos legales aún abiertos.
Esto plantea un cuestionamiento ético sobre la transparencia y la protección de derechos fundamentales de quienes enfrentan un futuro incierto ante las autoridades migratorias. Desde una perspectiva política, la medida representa la continuidad y acentuación de la política migratoria restrictiva que caracterizó el mandato de Donald Trump, quien en sus primeros 100 días de administración anunció la deportación de más de 135,000 personas. Muchos críticos argumentan que esta nueva estrategia es un intento de ocultar la crueldad inherente a las deportaciones masivas bajo un discurso de “flexibilidad” y “dignidad”, intentando disuadir a migrantes con incentivos económicos en lugar de ofrecer soluciones de integración o reforma migratoria. El uso de la tecnología, en este caso a través de una aplicación móvil, también refleja la modernización de la gestión migratoria, aunque no está exenta de riesgos y desafíos. La dependencia en herramientas digitales para procesos que afectan la vida y el estatus legal de miles de personas implica garantizar la seguridad de la información, la accesibilidad para usuarios con perfiles diversos y la claridad en los términos y consecuencias legales involucradas.
