En un movimiento que ha captado la atención internacional y generado diversas reacciones polémicas, los primeros sudafricanos blancos llegaron recientemente a Estados Unidos tras haber recibido estatus de refugiados bajo la administración de Donald Trump. Esta decisión, enmarcada dentro de una estrategia migratoria que prioriza a los afrikaners -descendientes mayoritariamente de colonos neerlandeses en Sudáfrica-, ha introducido un nuevo capítulo en las tensiones raciales y políticas que persisten en ambos países. La administración Trump argumentó que estos refugiados enfrentan discriminación extrema y hasta un supuesto genocidio en Sudáfrica, afirmaciones que han sido vehementemente rechazadas por el gobierno sudafricano y diversos expertos. El gobierno estadounidense, particularmente durante el mandato de Trump, ha tenido una política migratoria caracterizada por restricciones severas hacia refugiados provenientes de diversas partes del mundo, especialmente de países africanos marcados por conflictos o crisis humanitarias. Sin embargo, en febrero de 2025, se promulgó una excepción singular para los afrikaners, quienes fueron catalogados como vulnerables a la persecución racial y social.
Esta medida generó desconcierto y críticas tanto dentro de los Estados Unidos, en donde legisladores demócratas denunciaron favoritismo y motivaciones políticas, como en Sudáfrica, donde autoridades gubernamentales sostienen que no existe evidencia que respalde la existencia de una persecución sistemática contra la comunidad blanca. Uno de los puntos centrales que ha desatado el debate es la declaración pública de Trump en la Casa Blanca, donde afirmó enfáticamente que existe un genocidio contra los africanos blancos. Estas palabras amplificaron discursos y teorías de extrema derecha que insisten en la existencia de una campaña de violencia y discriminación contra los afrikaners, argumentos que carecen de respaldo en investigaciones independientes y análisis internacionales. Por su parte, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa sostuvo que el gobierno estadounidense ha interpretado erróneamente la realidad en su país y aclaró que muchos sudafricanos blancos que emigran lo hacen debido a la resistencia a los procesos internos para abordar desigualdades históricas desde la caída del apartheid. El contexto social y económico de Sudáfrica sigue siendo complejo.
Aunque la minoría blanca perdió el dominio político tras el fin del apartheid en 1994, existe una disparidad significativa en términos de riqueza y acceso a la tierra, con aproximadamente el 75% de las tierras privadas perteneciendo aún a blancos, y un nivel de desempleo visiblemente más bajo que el de la mayoría negra. Algunos sudafricanos blancos, especialmente agricultores y familias con tierras heredadas, expresan preocupación por las reformas que buscan facilitar la redistribución de tierras en manos del Estado como una forma de cerrar brechas raciales y económicas. En este marco, la narrativa estadounidense ha simplificado la problemática al pintarla como una persecución racial en lugar de un debate complejo sobre justicia social y redistribución. Además del ámbito político, la dimensión humanitaria tampoco ha pasado desapercibida. La Iglesia Episcopal de Estados Unidos, por ejemplo, anunció que dejaría de colaborar con el gobierno federal en programas de reubicación de refugiados debido a la decisión de priorizar a un grupo específico sin considerar otros de distintas etnias y nacionalidades que enfrentan situaciones extremas desde hace años.
Este gesto refleja la preocupación de sectores civiles y religiosos que advierten sobre los riesgos de politizar la ayuda humanitaria y crear precedentes excluyentes. La recepción de los primeros 59 sudafricanos blancos en Washington fue atendida por el subsecretario de Estado Christopher Landau, quien estableció paralelismos entre la trayectoria de estas personas y la de su propio padre, un judío austríaco refugiado de la persecución nazi. Landau reconoció la situación incierta a la que se enfrentan las familias con historia agrícola en Sudáfrica, amenazadas por el cambio de políticas territoriales y episodios de violencia, aunque evitó referirse directamente a las afirmaciones de genocidio. Las nuevas políticas migratorias establecen que más afrikaners serán acogidos en los próximos meses, repartidos en estados tanto demócratas como republicanos, desde Minnesota hasta Alabama, en función de sus raíces culturales y oportunidades de integración. No obstante, este proceso ha avivado tensiones diplomáticas y cuestionamientos en la arena internacional sobre la coherencia y la ética de la política estadounidense en materia de refugiados.
Por otro lado, Sudáfrica ha tomado medidas para dialogar con Estados Unidos y aclarar los malentendidos surgidos en torno a la situación interna del país. El presidente Ramaphosa expresó estar abierto a continuar las conversaciones para evitar que las percepciones erróneas afecten las relaciones bilaterales y la cooperación en otros sectores. Con todo, se mantiene firme su postura sobre la inexistencia de una campaña genocida, atribuyendo la salida de algunos ciudadanos blancos a razones políticas y sociales más complejas. A nivel regional e internacional, la medida estadounidense también se inscribe en un contexto de tensiones geopolíticas. Trump ha suspendido la ayuda financiera a Sudáfrica, criticando no solo sus decisiones sobre tierra sino también quejas contra Estados Unidos en tribunales internacionales.
