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El Impacto del Cierre de la Base de Datos de Desastres Climáticos en EE.UU.: Un Retroceso en la Gestión del Riesgo Meteorológico

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Trump just made it much harder to track the nation's worst weather disasters

La reciente decisión de la administración Trump de cerrar la base de datos de desastres climáticos en Estados Unidos dificulta el seguimiento de las catástrofes naturales más costosas y perjudica la capacidad para enfrentar los crecientes riesgos climáticos. Esta medida tiene profundas implicaciones para gobiernos locales, investigadores y comunidades vulnerables frente al cambio climático.

La gestión eficaz de los desastres naturales y climáticos es vital para cualquier nación, especialmente en un contexto donde el cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos. En Estados Unidos, desde 1980, existía una base de datos consolidada y pública conocida como el registro de "desastres climáticos y meteorológicos con pérdidas millonarias", gestionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Esta base de datos permitía un seguimiento constante y riguroso de estos eventos y sus costos asociados, ayudando a comprender y anticipar el impacto socioeconómico y ambiental de tales catástrofes. Sin embargo, recientes decisiones tomadas por la administración Trump han puesto en riesgo la continuidad de esta información, generando gran preocupación en diversos sectores. En marzo de 2025, la NOAA anunció el cierre definitivo de esta base de datos, argumentando razones vagas y en concordancia con recortes significativos en el personal y priorización de otros proyectos dentro de la agencia.

Esta medida sorprende y alarma dado que el registro era uno de los pocos recursos públicos que consolidaba datos privados difíciles de conseguir, permitiendo desde gobiernos locales hasta investigadores y organizaciones civiles contar con un panorama completo de las pérdidas derivadas de eventos como huracanes, incendios, sequías y tormentas severas. Entre 1980 y 2024, el registro documentó 403 desastres que generaron pérdidas económicas de casi tres billones de dólares, cifra que se considera conservadora. En los últimos años, la frecuencia de estos episodios ha aumentado notablemente, pasando de un promedio anual de 9 en los cinco años previos a 24 en años recientes. Estas tendencias reflejan cambios meteorológicos, así como dinámicas sociales como la construcción en zonas vulnerables y la expansión urbana sin planificación adecuada. El cierre súbito de la base de datos representa mucho más que una simple pérdida estadística.

La información permitía evaluar riesgos actuales y futuros y ayudaba a monitorear la vulnerabilidad social, ya que vinculaba datos de desastres con aspectos demográficos, como concentraciones de población vulnerable: personas mayores, minorías, discapacitados o comunidades en situación de pobreza. Esta perspectiva socioeconómica era esencial para diseñar políticas públicas específicas y estrategias de mitigación y adaptación adecuadas. Además, aunque la base de datos no se enfocaba explícitamente en la atribución directa del cambio climático, su existencia facilitaba el análisis de tendencias relacionadas con el aumento de eventos extremos asociados al calentamiento global. Esto generaba una retroalimentación valiosa para el diseño de políticas ambientales y para informar al público sobre los riesgos crecientes derivados de la actividad humana. La decisión de eliminar este recurso, enmarcada en una orientación política que busca desmantelar iniciativas relacionadas con el cambio climático y reducir la diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las agencias públicas, ha sido calificada por diversos expertos y medios como un retroceso significativo en la transparencia y en la capacidad del país para afrontar los desafíos meteorológicos contemporáneos.

CNN, por ejemplo, enfatizó que el cierre de la base de datos limita la comprensión pública de cómo la contaminación por combustibles fósiles está contribuyendo a fenómenos más costosos y frecuentes. Otra preocupación importante es que ninguna entidad privada, sin acceso a tantos datos dispares y sin obligación de compartirlos, está en condiciones de replicar o reemplazar el esfuerzo de la NOAA. La pérdida de la base de datos afecta directamente a gobiernos estatales y locales que dependen de esta información para planificar inversiones, diseñar protocolos de emergencia y evaluar la vulnerabilidad de sus comunidades. Asimismo, la comunidad académica y los investigadores ambientales verán dificultadas sus labores para estudiar la evolución y el impacto económico de los desastres, limitando la generación de conocimiento y de posibles soluciones. Análisis regionales indican que zonas como el centro, sur y sureste de Estados Unidos son particularmente perjudicadas por esta medida, ya que frecuentemente sufren la mayor cantidad de desastres multimillonarios.

La desaparición de la base de datos agrava la dificultad para estas regiones de evaluar correctamente riesgos presentes y emergentes, en un momento donde fenómenos como prolongadas sequías, temporadas de incendios forestales cada vez más largas y lluvias torrenciales son cada vez más comunes. La administración Trump también ha planteado recortes adicionales en NOAA, con planes para eliminar laboratorios de investigación climática y divisiones clave de ciencia. Estos recortes no solo potencian la pérdida de capacidades técnicas, sino que generan inquietud sobre la dedicación futura del gobierno federal hacia el monitoreo ambiental y la gestión de riesgos climatológicos. Ante este escenario, la comunidad científica, grupos ambientalistas y ciudadanos preocupados han sido impulsados a expresar su rechazo y enviar comentarios a la NOAA, apelando a la importancia de mantener este tipo de recursos públicos para el bienestar colectivo. La medida ha puesto en evidencia la tensión creciente entre intereses políticos y la necesidad urgente de enfrentar el cambio climático con información precisa, accesible y actualizada.

Mirando hacia el futuro, el reto será encontrar formas alternativas para recopilar y difundir datos sobre desastres climáticos. La colaboración entre instituciones académicas, entes gubernamentales estatales y locales, y organizaciones civiles podría ser fundamental. Sin embargo, el vacío dejado por la NOAA es difícil de llenar y requerirá un compromiso presupuestal y político firme para garantizar el acceso público a la información crítica que permita proteger a las comunidades más vulnerables y planificar para un clima en acelerado cambio. En suma, la decisión de cerrar la base de datos de desastres climáticos en Estados Unidos representa una bandera roja en la gestión del riesgo meteorológico. A medida que las amenazas naturales evolucionan y se intensifican, contar con información actualizada y confiable más que nunca resulta imprescindible.

No solo para mitigar pérdidas económicas millonarias, sino para proteger vidas y construir sociedades resilientes frente a un futuro donde el clima será uno de los mayores desafíos globales.

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