En un hito sin precedentes en la historia financiera de Estados Unidos, el estado de Nuevo Hampshire se ha convertido en pionero al firmar la ley HB 302, que autoriza al estado a establecer una reserva de Bitcoin. La gobernadora Kelly Ayotte oficializó esta iniciativa, que permitirá a Nuevo Hampshire invertir hasta un 5% de los fondos públicos en activos digitales, específicamente en Bitcoin, o en metales preciosos como el oro o la plata. Este avance legislativo ha sido recibido con gran interés dentro del sector de las criptomonedas y la economía tradicional, dado el impacto potencial que podría tener en el manejo de las finanzas estatales y en la postura frente a la inflación. La ley, introducida en enero del 2025, establece claramente que el estado puede destinar una parte limitada de su tesorería, que al cierre de 2024 ascendía a más de 3.62 mil millones de dólares, para adquirir Bitcoin o metales preciosos.
Según los criterios definidos, que exigen que los activos digitales tengan una capitalización de mercado promedio de al menos 500 mil millones de dólares en el último año fiscal, Bitcoin emerge como la única criptomoneda elegible. Esta exclusividad refuerza el reconocimiento del Bitcoin como un valor estable y confiable dentro del universo cripto, a pesar de la volatilidad característica del mercado. El legislador estatal Keith Ammon ha explicado que esta iniciativa busca proteger al estado contra los efectos adversos de la inflación. En palabras de Ammon, la inflación actual representa un desafío significativo para la estabilidad económica y, al diversificar las reservas del estado, se intenta generar un mecanismo de protección a largo plazo para las finanzas públicas. Esta visión pone de relieve la creciente desconfianza en la gestión tradicional del dólar y la necesidad de explorar soluciones financieras alternativas que puedan ofrecer rendimientos y seguridad ante la depreciación monetaria.
En cuanto a la implementación, se prevé que la inversión en Bitcoin se realizará mayormente a través de productos financieros regulados, como fondos cotizados en bolsa (ETFs), debido a que la tesorería estatal todavía no estaría completamente preparada para asumir la custodia directa de activos digitales por sí misma. Esta modalidad brinda un mayor nivel de seguridad y transparencia, evitando riesgos asociados a la gestión directa de claves privadas, y facilita la integración de estos activos en la cartera oficial. La relevancia de esta ley de Nuevo Hampshire no solo radica en la legalización de la reserva, sino también en el mensaje que envía a otros estados que contemplan movimientos similares. Mientras otras regiones como Florida han visto fracasar intentos similares debido a veto políticos o falta de consenso, Nuevo Hampshire ha demostrado que es posible avanzar de forma legislativa y efectiva en la integración de criptomonedas en la gestión pública. Esto podría cultivar un efecto dominó que motive a otros estados a adoptar estrategias semejantes, buscando beneficiarse de las ventajas que ofrecen los activos digitales.
Este avance ocurre en un contexto más amplio donde la relación entre las criptomonedas y los gobiernos está evolucionando rápidamente. Recientemente, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica nacional de Bitcoin, acompañada de un stock de activos digitales para otras criptomonedas. Esta acción refleja la intención de integrar soluciones blockchain en la economía nacional, así como la voluntad de crear mecanismos oficiales para el manejo y respaldo de estos activos. Nuevo Hampshire, al implementar esta ley, se alinea con esta visión federal, anticipándose en la regulación y adición de Bitcoin en sus finanzas estatales. El precio de Bitcoin en el momento de la aprobación de la ley oscilaba alrededor de los 108,000 dólares, cercano a su máximo histórico registrado a principios de año.
Esta valorización no solo aumenta el interés en destinar presupuesto público hacia este activo, sino que también enfatiza su creciente adopción y aceptación en escenarios formales y regulatorios. Si la tesorería de Nuevo Hampshire decide utilizar el total de su límite autorizado, podría llegar a poseer cerca de 1,194 Bitcoins, lo cual representaría un aporte sustancial para diversificar la reserva estatal. A nivel global, el interés por integrar Bitcoin en las finanzas públicas va en aumento. Países y regiones han evaluado diferentes enfoques desde inversiones en activos digitales hasta la emisión de criptomonedas nacionales. La iniciativa de Nuevo Hampshire se suma a esta tendencia, posicionándose como un ejemplo de innovación en la administración pública y en la forma en que los gobiernos pueden beneficiarse de las tecnologías financieras emergentes.
Los detractores de esta medida suelen expresar preocupación por la volatilidad inherente a las criptomonedas y la falta de regulación clara en algunos aspectos del mercado digital. Sin embargo, la ley de Nuevo Hampshire contempla medidas de seguridad y normas estrictas para minimizar estos riesgos. La inversión se limitará a un porcentaje pequeño de los fondos públicos y bajo circunstancias específicas que incluyen la custodia segura y el uso de instrumentos regulados. Este enfoque pragmático busca equilibrar la innovación financiera con la responsabilidad fiscal. Además, el avance en Nuevo Hampshire puede incentivar el desarrollo de infraestructura financiera y legal para la gestión de activos digitales por parte de entidades públicas.
La demanda por soluciones de custodia seguras, auditorías claras y transparencia en la gestión de criptomonedas puede impulsar el crecimiento de servicios especializados, fortaleciendo así el ecosistema cripto dentro del país. Otra dimensión importante de esta ley es su potencial para fomentar la educación y la adopción generalizada de las criptomonedas en la sociedad. Al ser la primera entidad gubernamental estatal que se involucra activamente en la inversión en Bitcoin, Nuevo Hampshire contribuye a desmitificar y legitimar el uso de activos digitales, impulsando un mayor interés tanto en el sector privado como en la ciudadanía en general. En resumen, la firma de la ley HB 302 por parte de Nuevo Hampshire representa un paso histórico en la convergencia entre las finanzas públicas tradicionales y las tecnologías disruptivas como el Bitcoin. Este desarrollo no solo abre un nuevo capítulo en la política financiera estatal, sino que también establece un modelo que otros gobiernos podrían emular en el futuro cercano.
La combinación de criterios claros, límites prudentes y mecanismos seguros para la inversión apunta a una integración responsable y visionaria de las criptomonedas en la gestión de fondos públicos. Mientras el mundo observa cómo este experimento evoluciona, Nuevo Hampshire se posiciona como un faro de innovación en la economía digital y demuestra cómo los activos digitales pueden convertirse en herramientas estratégicas para combatir la inflación y fortalecer la economía pública. El éxito o las lecciones aprendidas de esta iniciativa influirán significativamente en la manera en que otras jurisdicciones aborden la relación entre las criptomonedas y las finanzas estatales.
