En un momento clave para la regulación de las criptomonedas en Estados Unidos, el Estado de Arizona ha avanzado significativamente con la aprobación de la Ley de Reserva Cripto SB 1373 en el Senado estatal. Esta iniciativa legislativa busca establecer un fondo estratégico de activos digitales gestionado por el tesorero del estado, compuesto principalmente por criptomonedas confiscadas a través de procesos legales. La ley pretende no solo conservar estos activos, sino también permitir una inversión limitada en criptomonedas para mejorar su rendimiento financiero. Aunque la norma obtuvo una mayoría favorable en la votación, su aprobación definitiva aún enfrenta obstáculos políticos importantes que podrían afectar su destino. La Ley SB 1373, liderada por el senador republicano Mark Finchem, pasó su tercera lectura en el Senado con un resultado de 17 votos a favor y 12 en contra, lo que representa un respaldo significativo aunque no unánime.
Tras este hito, la propuesta debe ser revisada por la Cámara de Representantes de Arizona, donde ya ha sido sometida a un comité especial. El proyecto de ley establece la creación de un Fondo Estratégico de Reserva de Activos Digitales que estaría bajo la supervisión del tesorero del estado y compuesto por criptomonedas confiscadas en el marco de procedimientos penales. Esta iniciativa refleja una tendencia creciente en varios estados de los EE. UU. para integrar las criptomonedas en las finanzas estatales como una forma de diversificar activos y aprovechar el potencial alcista de estas nuevas tecnologías financieras.
Un aspecto destacado de la ley es que le permitiría al tesorero invertir hasta un 10% del valor total del fondo en activos digitales durante un año fiscal. Además, tendría la facultad de prestar estos activos con el fin de incrementar los rendimientos, siempre que no suponga un aumento significativo en el riesgo financiero. Esta estrategia apunta a fomentar una gestión activa y eficiente de los recursos digitales, buscando un equilibrio entre la innovación financiera y la prudencia fiscal. La propuesta se enmarca en un contexto de creciente institucionalización de las criptomonedas, donde incluso gobiernos estatales comienzan a explorar formas reguladas de mantener y utilizar activos digitales. Sin embargo, a pesar del impulso legislativo, el futuro de la Ley SB 1373 permanece incierto debido a la oposición directa del gobernador Katie Hobbs, quien ha declarado que vetará cualquier legislación hasta que se aborden adecuadamente los fondos destinados a servicios para personas con discapacidades.
La gobernadora ha utilizado este veto como una estrategia para priorizar el bienestar social, rechazando ya varias propuestas aprobadas por la Cámara de Representantes. Esta situación crea una encrucijada política donde los beneficios potenciales de una regulación más moderna sobre criptomonedas chocan con necesidades urgentes en políticas sociales. Este enfrentamiento político no solo pone en pausa la posibilidad de que la ley entre en vigor pronto, sino que también ilustra la complejidad de equilibrar prioridades económicas con responsabilidades sociales. La gobernadora Hobbs ha sido clara en que no permitirá que asuntos como la financiación para personas con discapacidades sean relegados en la agenda legislativa, una postura que ha recibido apoyo de diversos sectores sociales y políticos. Por lo tanto, aunque la SB 1373 represente un avance importante en materia de regulación cripto, su aprobación final dependerá del éxito en resolver estas tensiones políticas dentro del Estado.
Además de la SB 1373, Arizona también está avanzando con la Ley Estratégica de Reserva Bitcoin (SB 1025), otra propuesta que permitiría al tesorero y al fondo de retiro del estado invertir hasta un 10% de sus activos disponibles en Bitcoin. Esta ley fue aprobada previamente en el Senado con una votación de 17 a 11 y refleja un interés paralelo en integrar la principal criptomoneda mundial en las carteras financieras oficiales del estado. Juntas, estas iniciativas evidencian un esfuerzo concertado por parte de Arizona para posicionarse como un estado líder en la aceptación y regulación de activos digitales, a pesar de los desafíos que enfrenta en materia legislativa y política. El avance de estas leyes ocurre en un momento en que el panorama cripto en Estados Unidos presenta graves desafíos a nivel nacional y estatal. En varias regiones, propuestas similares han sido rechazadas, como en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana, Wyoming y Pensilvania.
Sin embargo, la tendencia general en el país apunta hacia una mayor aceptación y regulación de las criptomonedas, impulsada en parte por políticas pro-cripto previas y la presión de actores institucionales que diversifican sus inversiones hacia el ecosistema digital. Paralelamente, el mercado de criptomonedas ha mostrado volatilidad significativa, con Bitcoin enfrentando una caída reciente del 17% en apenas una semana, motivada por preocupaciones económicas y ajustes en regulaciones comerciales, como posibles aranceles. Aun así, la presencia institucional en el mercado sigue siendo sólida. Durante el primer trimestre de 2025, las empresas que cotizan en bolsa aumentaron sus tenencias de Bitcoin en un 16.1%, alcanzando cerca de 688,000 BTC.
Esto confirma que, a pesar de la incertidumbre macroeconómica, el interés institucional se mantiene fuerte. Este contexto facilita entender por qué estados como Arizona buscan establecer mecanismos formales para manejar activos digitales de forma segura y rentable. La Ley SB 1373 no solo busca capturar el valor existente en criptomonedas confiscadas, sino también institucionalizar la inversión cripto dentro del gobierno estatal, aprovechando las ventajas de la tecnología blockchain y las oportunidades de mercado. No obstante, la implementación exitosa requerirá un manejo cuidadoso de los riesgos financieros, así como la resolución de los factores políticos que actualmente frenan la legislación. En resumen, Arizona se encuentra en una posición crucial en el camino hacia la regulación integrada de activos digitales dentro de la administración pública.
La Ley SB 1373 representa un paso significativo para reconocer el valor y las posibilidades de las criptomonedas en un marco regulatorio estatal, aunque su futuro dependerá del devenir político interno y la capacidad de equilibrio entre innovación financiera y compromisos sociales. Con el interés creciente a nivel nacional por regularizar el uso de criptomonedas en portafolios oficiales, la experiencia de Arizona puede servir de referente para otros estados que buscan fortalecer su relación con el ecosistema cripto sin perder de vista las necesidades de su población más vulnerable.
