El Reino Unido está en marcha hacia la creación de un marco regulatorio robusto para el ecosistema de criptomonedas con la publicación de un borrador de normativas dirigido a regular las actividades de intercambios de criptomonedas, stablecoins y servicios relacionados como el staking y la custodia. Esta iniciativa impulsada por el Tesoro Británico y anunciada por la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, marca un momento crucial en la evolución del sector cripto dentro del país, ya que será sometido formalmente a la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA). La regulación propuesta responde al aumento significativo en la adopción de criptomonedas en el Reino Unido, donde alrededor del 12% de los adultos británicos han poseído o poseen activos digitales, un incremento notable en comparación con el 4% registrado en 2021. Este crecimiento ha generado la necesidad de establecer reglas claras que garanticen la transparencia, la protección del consumidor y la resiliencia operativa de las plataformas cripto, aspectos que han sido tradicionalmente abanderados en el sector financiero convencional. El borrador legislativo establece que no solo las plataformas de intercambio deberán estar reguladas, sino también aquellas empresas que actúen como intermediarias, agentes o que faciliten servicios de custodia y staking.
Este último concepto, que consiste en bloquear activos digitales para participar en procesos de validación dentro de ciertas redes blockchain, es reconocido por primera vez en un marco normativo británico, reflejando la intención de la autoridad reguladora de abrazar las innovaciones tecnológicas que ofrece la industria. Una de las novedades más destacadas es la creación de la categoría «stablecoins calificadas» que distingue estos activos digitales de otras formas de dinero electrónico o depósitos tokenizados. Sin embargo, la regulación especifica que solo los emisores de stablecoins establecidos en el Reino Unido estarán sujetos a los nuevos requisitos, lo que podría incentivar la localización de estas empresas en el territorio británico para aprovechar un entorno regulatorio claro y predecible. El Reino Unido ha optado por alinearse estrechamente con el enfoque regulatorio estadounidense en lugar de seguir el modelo de la Unión Europea, que ha impulsado regulaciones más específicas para el sector cripto. Esta decisión estratégica se basa en la búsqueda de una cooperación internacional sólida, crucial para enfrentar los desafíos que plantea un mercado digital globalizado y para posicionar a Gran Bretaña como líder mundial en activos digitales.
Durante un evento fintech reciente, Rachel Reeves destacó la importancia de la colaboración transatlántica y reveló que mantuvo conversaciones con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la regulación de activos digitales, con más diálogos previstos para los próximos meses. La ministra subrayó que la regulación debe facilitar la innovación legítima, combatir a los actores malintencionados y no representar un obstáculo para el desarrollo empresarial. La supervisión de la FCA será fundamental en este nuevo escenario pues además de otorgar autorizaciones a las firmas criptográficas, también regulará la promoción de productos, eliminando disposiciones temporales que permitían a empresas registradas pero no autorizadas realizar publicidad de sus servicios. Esto implica un mayor control sobre la información que llega a los consumidores y refuerza el compromiso con la lucha contra el lavado de dinero, aunque mantiene la flexibilidad necesaria para la adaptación del sector en esta fase inicial. El alcance geográfico de las regulaciones es amplio y abarca a cualquier firma que preste servicios directa o indirectamente a consumidores en el Reino Unido, independientemente de su ubicación física.
Este enfoque globalizado reconoce la naturaleza intrínsecamente internacional del mercado cripto y asegura que las empresas extranjeras que buscan acceso a clientes británicos se adhieran a los mismos estándares que las entidades locales. Sin embargo, el borrador excluye expresamente las actividades de finanzas descentralizadas (DeFi) en las que no existe un partido controlador identificable, manteniendo una zona gris regulatoria en la que muchas innovaciones blockchain siguen operando con relativa libertad. Esta exclusión plantea interrogantes sobre el futuro papel del DeFi bajo políticas regulatorias y las posibles implicaciones para la protección del consumidor y la prevención del fraude. Para aquellas firmas ya operantes que deben adaptarse a la nueva normativa, la FCA abrirá un periodo de solicitud de autorización antes de la implementación completa de la regulación. Las empresas que no obtengan esta licencia tendrán un plazo de dos años para liquidar sus operaciones en el Reino Unido, durante el cual podrán mantener contratos preexistentes pero estarán prohibidas de captar nuevos clientes o ejecutar nuevas actividades comerciales.
Esta medida busca minimizar el impacto abrupto sobre el mercado y proteger a los consumidores y participantes del ecosistema. El Tesoro también tiene previsto implementar modificaciones a la Orden de Promoción Financiera de 2005 para ajustar las reglas a la realidad del sector cripto y actualizar los requisitos en materia de prevención de lavado de dinero, eliminando la necesidad de registros duplicados aunque manteniendo una supervisión estricta en este ámbito. El calendario apunta a que la estrategia definitiva para el crecimiento y competitividad de los servicios financieros, que incluirá estas regulaciones, será publicada el 15 de julio de 2025, con la intención de presentar las propuestas legislativas formales «a la mayor brevedad posible». Este proceso anticipa un debate intensivo entre legisladores, reguladores y actores del sector, con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre seguridad, innovación y competitividad internacional. La importancia de esta iniciativa no puede ser subestimada.
